En ambos proyectos se pretendía utilizar las líneas derivadas de células troncales embrionarias denominadas Val-1 y Val-2, presentadas públicamente en junio de 2004 sin acreditar, tal como exige la ley, los preceptivos consentimientos informados por parte de los progenitores de los embriones utilizados.

Tampoco se informó a la propia comisión, lo que supone una vulneración de la legislación vigente, puesto que es esta comisión la que tiene que autorizar la derivación de estas líneas.