En un comunicado, Sanidad informa de que este acuerdo viene a sustituir al suscrito en el año 2001, y tiene como objetivo acometer actuaciones, iniciativas y programas para mejorar las condiciones de vida, de salud, de consumo y de inserción social y laboral de los discapacitados y sus familias.

Según explico la ministra, se trata de "trabajar para que la igualdad y el respeto a la dignidad de las personas sean una realidad, tal como se había comprometido el presidente del Gobierno en su discurso de investidura, al afirmar que la adopción de medidas para mejorar la situación de salud de estas personas y su calidad de vida iban a ser una prioridad del Ejecutivo".

Por su parte, Mario García señaló que en virtud de este acuerdo "hemos establecido un marco estable y fluido de relación dirigido a dar cauce a las necesidades y demandas de las personas con discapacidad en las esferas sanitarias y de protección del consumidor".

En virtud de este convenio, el Ministerio de Sanidad y Consumo se compromete a llevar a cabo, entre otras, las siguientes actuaciones:

- Impulsar la investigación científico-médica para la prevención de la discapacidad y la adopción de programas preventivos y de detección precoz y atención temprana, así como los estudios e investigaciones sociológicas o de otro tipo.

- Promover la elaboración de estudios para la mejora de la calidad de la asistencia y de las prestaciones sanitarias públicas destinadas a las personas con discapacidad y a sus familias sobre programas y actuaciones dirigidas a la detección precoz y atención temprana.

- Fomentar la atención adecuada a las características específicas de estas personas de forma integral y continuada, accesibilidad y diseño para todos en edificios y espacios virtuales, ejercicio de sus derechos como pacientes en materia de información y documentación clínica, prestaciones ortoprotésicas, ayudas técnicas y formación del personal sanitario en materia de discapacidad.

- El fomento de la integración laboral de las personas con discapacidad, a través de medidas directas e indirectas.

- Consultar y solicitar asesoramiento al CERMI o a sus organizaciones miembros, de forma que el Ministerio pueda contar con opiniones especializadas en el proceso de elaboración de normas o proyectos de normas, la adopción de iniciativas, programas, medidas y acciones con repercusión en la esfera de las personas con discapacidad.

Para el seguimiento de este convenio, se constituirá una Comisión General de Seguimiento, integrada por ocho representantes, cuatro de cada una de las partes, que se reunirá dos veces al año.

Esta comisión será la encargada de velar por el correcto desarrollo y ejecución del convenio, así como acordar las medidas y acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Desde hace varios años, CERMI está colaborando activamente con el Ministerio de Sanidad y Consumo y también con las Comunidades Autónomas. Sus aportaciones están siendo decisivas, por ejemplo, para la elaboración del documento "Directrices para la mejora de accesibilidad en hospitales y centros de salud" que, como ha explicado Elena Salgado, el Ministerio quiere impulsar como una guía de aplicación en todos los ámbitos a finales de este año.