El vicepresidente segundo del Congreso de los Diputados dijo que hechos como este están quebrando las fronteras del Estado de derecho y recordó que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es el juez instructor quien tiene que autorizar todo lo que afecte a un preso preventivo.

"Es el juez instructor el que autoriza, cuando no se perjudique el éxito de la instrucción, los medios de correspondencia y comunicación de que puede hacer uso el detenido o preso (...), porque si está preso es para garntizar que el contenido de la instrucción se lleve adelante", agregó en declaraciones a la Ser.

A juicio de Trillo, la Administración no ha contado con el permiso del juez, porque no ha existido éste. Además, recordó que los permisos para comunicaciones y visitas que afecten a los presos están regulados en el ordenamiento penitenciario y son sólo para familiares, amigos y representantes de instituciones de cooperación penitenciaria, "no para medios de comunicación, que obviamente rompen el secreto delsumario y producen, como en este caso, una auténtica desarticulación de la instrucción y del propio juez".

El portavoz del PP en la Comisión de Interior y Justicia del Congreso agregó que "el Gobierno está detrás" y que "esto es una nueva maniobra, en este caso propiciada y permitida por el señor ministro de Justicia e Interior, señor belloch, que cada día da un paso más en la proximidad a la hoguera del 'caso GAL'".

"Confirmada esa coautoría del Gobierno, lo que creo es que después de una fase dfensiva en el 'caso GAL', de negar los hechos, de atacar de manera individual los señores Barrionuevo y Vera por su cuenta al juez Garzón y a su independencia, hemos pasado ahora, en estos días y muy especialmente con las comparecencias públicas y regulares del señor Sancristóbal, a una fase de contraataque", continuó.

"Ahora se trata en el fondo de la teoría de la conspiración que, no por casualidad -y ratifico la mano como denominador común del Gobierno de Felipe González-, sostienen Vera, Almunia, eguina y Sancristóbal (...), sin vacilar en los medios ni en los fines. Lo hacen quebrantando y entrometiéndose claramente en la independencia del poder judicial, insultando, descalificando y recusando a un juez en el ejercicio de sus funciones, y no vacilando siquiera en utilizar un servicio público esencial que pagamos todos los españoles, como es Televisión Española, para sacar a un personaje como Sancristóbal en un informativo".