Así lo expuso Sánchez en una rueda de prensa que ofreció tras su encuentro con el Papa, donde garantizó que su Gobierno “no exporta ningún tipo de armamento ni de material militar a Israel” desde el pasado 7 de octubre.

De este modo, recalcó su posición de “no contribuir, ni de una manera ni de otra, a la escalada de violencia, a la guerra y a la expansión de la misma en Gaza, Cisjordania o en Líbano”. Exigió, además, el respeto al Derecho Internacional Humanitario y volvió a reclamar al Gobierno irsaelí “el cese en estas hostilidades que están contraviniendo el Derecho Internacional Humanitario porque está invadiendo un tercer país, Líbano”.

Calificó de “urgente” que, “a la luz de todo lo que está sucediendo en Oriente Medio, la comunidad internacional deje de exportar armas al Gobierno de Israel”. El presidente del Gobierno también condenó los ataques "que está sufriendo la misión de Naciones Unidas Finul en Líbano por parte de las Fuerzas Armadas israelíes" y dijo que “es algo absolutamente rechazable que nos recuerda la urgencia de acabar con la violencia”. Deseó que se pueda, “de una vez por todas, encontrar la vía diplomática para la resolución de conflictos en términos pacíficos”, mostrando así la posición de España en esta cuestión, tal y como la trasladó al Papa.

Sánchez explicó que en su reunión de este viernes trató temas como el fin de la guerra en Ucrania y Oriente Medio o la inmigración. Sobre esta última cuestión, lanzó pregunó "qué país queremos ser y que Europa queremos ser", si "abierta y próspera" o "cerrada y pobre". Añadió que, "además de la cuestión humanitaria", existe una "cuestión de desarrollo económico", volviendo a apuntar a que sin la inmigración "es absolutamente inviable poder sostener nuestro Estado del bienestar".

También mantuvo una reunión bilateral con el cardenal Parolin y su equipo, donde expuso el informe y las conclusiones que impulsó el Defensor del Pueblo como Alto Comisionado de las Cortes Generales donde se planteaban una serie de recomendaciones para el conjunto de instituciones públicas, entre ellas la Iglesia católica, en relación con las víctimas por los abusos sexuales. En segundo lugar manifestó su "absoluta predisposición" para llegar a un acuerdo para la resignificación del valle de Cuelgamuros, en el marco del desarrollo de la Ley de Memoria Democrática. Asimismo, solicitó la presencia de la Santa Sede en la conferencia para la financiación al desarrollo que se celebrará en junio de 2025 en Sevilla.