Aunque sin citar expresamente a ninguno de los dos actores, el presidente aseguró que el Ejecutivo cuenta con los “mecanismos adecuados” para establecer los “controles” necesarios que garanticen que “en todo momento” está a salvo “la defensa y la seguridad” nacional, en un “sentido amplio”.

Durante su intervención en la sede de la CEOE en el foro Resilient EU2030 se refirió a este asunto de la “toma de inversores extranjeros en una de las empresas de telecomunicaciones de referencia” de España.

Lo primero que apuntó es que el “interés de los grandes inversores internacionales por nuestras empresas siempre es una gran noticia” para, acto seguido, lanzar el mensaje de que el Gobierno está analizando esta compra y que cuenta con los recursos para garantizar la autonomía estratégica del país.

La llegada de inversores extranjeros supone una "inyección de recursos en nuestra economía" y son una "muestra" de que nuestro país "avanza en la dirección adecuada, ofrece confianza y seguridad, y cuenta con un tejido de empresas de primer nivel con enorme potencial de crecimiento y desarrollo".

No obstante, apuntó que el Gobierno cuenta "con los instrumentos necesarios para proteger su soberanía nacional y sus intereses estratégicos, como es el acceso a las tecnologías críticas, en particular en el ámbito de la seguridad y la defensa. Es más, la legislación española en materia de control de inversiones es una de las más rigurosas de Europa".

Porque, recordó, se reformó durante la pandemia y se volvió a hacer "justamente" este verano, dotando a las autoridades de "mayores instrumentos que refuerzan los mecanismos de control". "Todo ello, de forma alineada y coherente con las directrices que emanan de la Unión Europea", ahondó.

Por tanto, garantizó Sánchez, "este Gobierno está analizando detenidamente la operación de inversión, que contamos con los mecanismos adecuados para ejercer los controles necesarios, y que garantizaremos que en todo momento esté a salvo la defensa y la seguridad nacional, entendida en un sentido amplio".

"Y garantizaremos también que cualquier inversión extranjera no trascienda límites que supongan una influencia indebida sobre empresas estratégicas o comporte el acceso a tecnologías críticas", porque "el límite que existe para la inversión extranjera es la protección de nuestros legítimos intereses nacionales", sentenció el jefe del Ejecutivo en funciones.

Sánchez, sin mención alguna a los protagonistas, comentó la operación por la que la empresa Saudi Telecom Company (STC) Group ha adquirido el 9,9% de Telefónica por 2.100 millones mediante la compra del 4,9% del capital y un 5% a través de instrumentos financieros.

Según el real decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores, también conocido como el ‘escudo antiopas’, existe un régimen de autorización previa cuando la operación de inversión extranjera afecte a actividades directamente relacionadas con la defensa nacional, tales como las que afectan a las capacidades industriales y áreas de conocimiento necesarias para proveer los equipos, sistemas y servicios que doten a las Fuerzas Armadas de las capacidades militares necesarias.

Igualmente atañe a las empresas cuyas actividades se destinen a la producción (entendiendo por tal el diseño y la fabricación), el mantenimiento o el comercio de material de defensa en general, de acuerdo con la Ley 18/1992, de 1 de julio, por la que se establecen determinadas normas en materia de inversiones extranjeras en España.

SOCIO TECNOLÓGICO

Telefónica es socio tecnológico del Ministerio de Defensa para, entre otras tareas, desplegar las redes 5G de las Fuerzas Armadas. Además, la empresa que preside José María Álvarez-Pallete trabaja ya en la instalación de la nueva red de telecomunicaciones del departamento que dirige Margarita Robles y está implantando la escuela de operaciones en ciberdefensa.

Las solicitudes de autorización de los inversores las recibe la persona titular de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, actualmente el almirante Aniceto Rosique (Digam).

La resolución final del expediente corresponde al Consejo de Ministros a propuesta de la ministra de Defensa y previo informe de la Junta de Inversiones Exteriores en la que se encuentran representantes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Dirección Operativa del Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno.

El plazo máximo para resolver la solicitud y notificar la resolución al interesado es de tres meses.