ASPAYM facilitó estos datos ante la importante repercusión alcanzada por el fallecimiento del paraplégico Ramón Sampedro, que había solicitado el derecho a la eutanasia a los tribunales.

En una nota de prensa, el presidente de la Federación, Alberto de Pinto Benito, indicó que "se quiere establecer un paralelismo entre el caso Sampedro y la concepción de la vida y de la muerte del resto de los dicapacitados".

A su juicio, lo ucedido con Sampedro "no refleja en absoluto las percepciones, sentimientos, intenciones e incluso objetivos que tiene globalmente el conjunto de nuestro colectivo".

Además, Alberto de Pinto exigió el cumplimiento del Art. 49 de la Constitución, "en el que se dispone con rotundidad que los poderes públicos deben llevar a cabo una política activa de previsión, integración y rehabilitación de los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales".