Según informó esta confederación, la novena edición de este informe, que cuenta con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, expone las vulneraciones de los derechos de las personas con problemas de salud mental.

Además, este trabajo está amparado por el Observatorio Estatal de Salud Mental, Derechos e igualdad de Salud Mental España y coordinado por la Asesoría Jurídica de la Confederación, con la colaboración de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación.

En esta nueva edición, el estudio recoge datos significativos del año 2023, con un añadido reflexivo. Como señaló el presidente de Salud Mental España, Nel González Zapico, “se pone a disposición el recurso práctico, pero también se ofrecen pensamientos para que, como sociedad, evolucionemos en derechos”. Por lo tanto, se trata de “aquellos derechos que las personas con problemas de salud mental siguen sin ejercitar, ya que no se dan las garantías reales que lo posibiliten”.

DERECHOS VULNERADOS

Este informe da cuenta de que el cuidado de la salud mental se explica en el ejercicio de los derechos de cada uno y cada una; y se diluye cuando estos derechos son vulnerados.

En términos de la generación de buenas prácticas, el objetivo de esta publicación es que las personas con problemas de salud mental y su entorno conozcan cuáles son sus derechos, comprendan cómo hacerlos valer, e identifiquen qué instrumentos jurídicos y sociales están a su disposición para que ello ocurra.

Asimismo, este trabajo es un llamado a un revisionismo de cada uno y cada una, sin autocomplacencias, de cara a la generación de mecanismos sociales y burocráticos justos, según señalaron desde la Salud Mental España.

El documento recoge vulneraciones de derechos que se dan en los territorios a lo largo de todo un año, desde una mirada holística. Se consolida, de este modo, una herramienta que pretende fortalecer las garantías en toda actividad de las personas que tienen un problema de salud mental.

EDADISMO

Desde esta hoja de ruta, se abordan las implicaciones del edadismo, se denuncia el trato discriminatorio de los seguros y muchas entidades bancarias hacia las personas con problemas de salud mental, y se dedica un apartado completo a los derechos de la infancia y otro a la prevención del suicidio.

En este sentido, la asesora jurídica y coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Confederación Salud Mental España, Irene Muñoz Escandell, explicó lo fundamental de pasar de la reacción a la iniciativa.

“Este informe viene a introducir visión, pensamiento, reflexión sobre las bases que necesitamos para la cobertura de nuestros derechos”, plantea la especialista. Y asegura que, “sin esa mentalidad, no hay norma que pueda ser modificada; si hablamos de derechos, necesitamos estas reflexiones que ayuden a crear instrumentos que habiliten a las personas a ejercitarlos”.

Tal y como recoge este documento, en primer lugar, se necesitan intervenciones públicas efectivamente orientadas a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental en los ámbitos que constituyen los pilares básicos del Estado de bienestar: sanidad, educación y derechos sociales.

REALIDAD SOCIAL

Resulta fundamental la garantía pública, adecuándose las medidas a la realidad social vigente, post pandemia generada por la covid-19, y a los retos que plantean la demografía, el clima y el mundo digital.

El informe profundiza en que, dentro de esta realidad social, ocupa un espacio especialmente destacado la atención de la salud mental, un problema que se ha revelado como aquello incómodo que ya no puede ni debe ser ignorado, un auténtico ‘elefante en la habitación’. En este sentido, Salud Mental España señala que no hay libertad de las personas con problemas de salud mental sin garantías públicas; y urge alinear las estructuras del Estado que condicionan la vida de las personas con problemas de salud mental, con los derechos humanos.

Además, el presente estudio pone de manifiesto que la precariedad -total o parcial- ya no es opción. En cuanto a los servicios garantizados en el Estado de bienestar, no solo han de proveer una atención de calidad a todas las personas con problemas de salud mental que los requieran, sino que, se indica en el informe, han de articular cauces eficaces para prevenir su proliferación en un sistema que ha dejado al descubierto sus debilidades, tal y como señaló Salud Mental España.