En una comparecencia en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados, Salgado señaló además que está "convencida" de que la resolución de la Oficina de Conflictos e Intereses, dependiente de su Departamento, "es correcta y ajustada a Derecho".

La titular de Administraciones Públicas dijo que este caso se está "exagerando" y "manipulando", y explicó que el Gobierno se preocupó en la pasada legislatura por mejorar la transparencia de esta materia.

Salgado rechazó un endurecimiento de la ley porque "sólo serviría para impedir" que profesionales del sector privado se anime a aportar sus conocimientos a la actividad política.

CRÍTICAS DE PP Y ER-IU-ICV

Según Salgado, la "tranquilidad" que tiene se la proporciona también que la Oficina de Conflictos está formada por "excelentes profesionales" que resuelven las distintas solicitudes "con imparcialidad e iguales criterios jurídicos desde hace 15 años".

Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión de Administraciones Públicas, Rafael Merino, aseguró que "los únicos que manipulan la legalidad" con los miembros del Gobierno.

Merino habló de "oscurantismo" al Ministerio por no querer hace público el informe de la Oficina de Conflicto, órgano del que "no interesaba que hiciera bien su trabajo".

El diputado popular señaló que el "caso Taguas no acaba en esta Comisión. Va a seguir y se va a ampliar" hasta que el Gobierno reconozca que es "una ilegalidad manifiesta y que hay conflicto de intereses".

El diputado de ER-IU-ICV, Joan Herrera, lamentó la interpretación "perversa" que se ha hecho de la ley en el caso del ex director de la Oficina Económica de La Moncloa.

Además, comentó que si el Gobierno rechaza que se haya hecho una mala interpretación de la normativa, criticó que "no anuncien la modificación" de la misma.

Desde CiU, el diputado Jordi Jané utilizó su intervención para reclamar "respeto" a los distintos agentes afectados en el caso, y señaló que si hay que modificar alguna legislación es el Congreso donde se debe hacer.