Salgado hizo estas declaraciones ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas en la Cámara Alta, en la que compareció para informar sobre las líneas generales de la política del Ministerio en lo relacionado con las competencias de la Comisión así como sobre las líneas generales de la política de su departamento.

Explicó que se pretende garantizar en las diferentes conferencias sectoriales "la continuidad de la colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas".

Del mecanismo de actuación, comentó que queda por revisar su régimen interno de funcionamiento para hacerlo "más ágil" y favorecer que "las comunidades autónomas propongan temas de debate".

A su juicio, dichas conferencias "deben consolidarse en temas de interés compartido entre el Estado y las comunidades autónomas" y "como instrumento de cooperación multilateral".

Salgado añadió que, en la pasada legislatura, el Estado firmó convenios con las comunidades autónomas por valor de 25.861 millones de euros, una cuantía que calificó como "muy importante".

Por otra parte, la ministra destacó que "en el perfeccionamiento del autogobierno apostamos por las mejoras de los estatutos con un amplio consenso político".

Según Salgado, es previsible que otras comunidades se sumen a las "mejoras estatutarias", y citó el caso de Castilla-La Mancha, cuya propuesta de reforma fue recientemente tomada en consideración por el Congreso de los Diputados.

BALANCE DE LEGISLATURA

La ministra hizo balance de la pasada legislatura, en la que se aprobaron 107 traspasos a las comunidades autónomas. Para la actual legislatura, avanzó que se aprobarán otros, como los de la Administración de Justicia en varias comunidades, y destacó el traspaso a Castilla y León de las competencias sobre la cuenca del Duero o en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña.

A su juicio, hay un "acusado descenso" de la conflictividad del Estado con las comunidades autónomas, y destacó "el diálogo (actual) frente a la confrontación" que hubo en otras legislaturas.

En este sentido, puntualizó que "tratamos de evitar los conflictos intentando que las normas se adecúen a lo propuesto por la Constitución Española y los estatutos de autonomía", añadió.

Asimismo, adelantó su propósito de impulsar una "mayor calidad" en el servicio de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en las diferentes comunidades autónomas, lejos, matizó, de pretender establecer competencias nuevas, sino con el fin de reforzar las existentes.

La titular de Administraciones Públicas subrayó que cada comunidad elaborará su Ley de Desarrollo con algunos aspectos comunes a todas las regiones para favorecer la coordinación entre ellas.

Salgado anunció que se pretende que el Plan de Reducción de Cargas Administrativas consiga la disminución de dichas cargas en un 30% en 2012, por encima de las previsiones exigidas.

En este sentido, puso como ejemplo el caso de Cantabria y señaló que también expresó su intención en ese sentido la comunidad de Castilla y León, por lo que pedirá a las comunidades autónomas "un grupo de trabajo específico" sobre ello. Finalmente, la ministra solicitó su comparecencia en la Comisión de Entidades Locales.