Salgado se refirió a esta iniciativa hoy durante su comparecencia en la Comisión de Entidades Locales del Senado, donde explicó que el objetivo "es avanzar en la configuración de una administración local del siglo XXI".

En este sentido, Salgado recordó que el Ministerio de Economía y Hacienda permitirá a las entidades locales españolas contraer una deuda máxima de un 0,2% del PIB durante 2008 y 2009.

En esta línea, la titular de Administraciones Públicas explicó que esta medida de carácter "excepcional" deberá ser aprobada por la Comisión Nacional de Administración Local en los meses de febrero o marzo para su aplicación a las liquidaciones de los Presupuestos de 2008.

Además de otorgar a los ayuntamientos los recursos necesarios para una buena gestión, otro de los objetivos de la nueva ley, según Salgado, es que "la prestación de servicios por parte de las entidades locales se realice de la manera más eficiente y con las nuevas tecnologías como instrumento básico".

A través de la nueva normativa se pretenden realizar las reformas legales pertinentes para que los ayuntamientos "sean más modernos y democráticos".

A este respecto, Salgado señaló que existen dos ejes fundamentales: la reducción de cargas administrativas y la transposición de la Directiva de Servicios, que deberá realizarse antes de que finalice el año 2009.

Salgado anunció que en los próximos días se reunirán con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para identificar con concreción las cargas administrativas en "determinados sectores".

La nueva norma actualizará la Ley de Bases del Régimen Local de 1985, que ha sufrido 12 modificaciones y que, según Salgado, "han dejado desdibujado el modelo original".

Salgado también explicó que factores como la aprobación de los Estatutos de segunda generación y el aumento en un 25% de la superficie urbanizada en España, "han hecho necesaria esta nueva ley".

Finalmente, la ministra señaló que "es necesario aprobar un nuevo texto normativo con el más amplio consenso" y se refirió a la implicación ciudadana, la mejora en el acceso a la información, o la creación de un estatuto de derechos y deberes de los vecinos y de los representantes locales, como factores que deberá contemplar la norma.