La central sindical asegura que "será necesario instar al Ministerio de Asuntos Soiales para que proceda de inmediato a regular los programas de salario social existentes en el conjunto del Estado, siguiendo las recomendaciones de la Comunidad Europea".

Asimismo, reclama de las Administraciones una mayor atención presupuestaria y una apuesta política decidida para consolidar el salario mínimo y la asistencia social a las clases más desfavorecidas.

CCOO reconoce que el Gobierno regional de Joaquín Leguina ha cumplido el acurdo de implantar el salario social suscrito en diciembr de 1989 con CCOO y UGT hasta el punto de que Madrid presenta las cifras más altas en número de beneficiarios.

Sin embargo, asegura que las restricciones presupuestarias han impedido que durante 1993 se actualizase la cuantía del IMI (Instituto Madrileño de Integración), tomando como referencia el IPC de Madrid durante 1992, tal y como establece el decreto creador del IMI.

Estas restricciones afectan también al Ayuntamiento de Madrid, que ha reducido en más de 300 millones de pesetas sus presupuetos destinados al IMI, lo que ha provocado la formación de listas de espera en los servicios sociales de algunos distritos.