Sala, que lanzó esta propuesta en su discurso con motivo de la apertura del presente año judicial, precisó que dicha regulación estatutaria tendría que prever unos mecanismos que puedan facilitar la unificación de criterios, no ya sólo etre órdenes jurisdiccionales, sino también en el seno de las mismas salas y secciones que lo conforman.

De este modo, a su juicio, se evitaría la discrecionalidad interpretativa entre los jueces, ya que "lo que más puede arruinar la confianza de los ciudadanos en la justicia es la imprevisibilidad de sus soluciones o, lo que es peor, las apariencias de arbitrariedad -independencia sin control- de los encargados de realizarla".

Asimismo, consideró que mediante esa función unificadora del Supremo tmbién se contribuiría "a sustraer tensiones políticas en los procesos" mediante la elaboración de la pertinente doctrina y los perfiles constitucionales y legales en que se mueven, entre otras materias, la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad en la adopción de medidas cautelares privativas o restrictivas de libertad "con carácter general y no sólo en casos de notoriedad social de los sujetos afectados".

En opinión de Sala, esa unificación de doctrina es necesaria en la actualidad "en que la confrontación política, esencial en el funcionamiento de todo sistema democrático, discurre, en mayor medida de lo que fuera prudente, en función o a la expectativa de actuaciones o resoluciones judiciales; donde a diario pueden leerse o escucharse no ya sugerencias veladas para que los tribunales de justicia, incluído este mismo Tribunal Supremo, adopten determinadas decisiones, sino claras admoniciones y advertencias de cuáles serían las consecuencias desfavorables para el prestigio del PoderJudicial si no lo hacen".

Asimismo, destacó la necesidad de elaborar dicha doctrina ante las "declaraciones o manifestaciones de personas pertenecientes al propio círculo judicial, por fortuna excepcionales, que insinúan juicios de valor sobre la culpabilidad de personas afectadas por actuaciones procesales en curso, superando incluso la crítica de dirigentes políticos que, prudentemente, eluden valoraciones de esta naturaleza y circunscriben las suyas al exclusivo ámbito de su responsabilidad".

egún Sala, dicha regulación estatutaria del Supremo, que considera "indispensable", podría realizarse mediante la previsión de reuniones periódicas de los plenos de las 5 salas del Alto Tribunal, lo que facilitaría el propósito unificador, o a través de la realización de una memoria anual por parte del Tribunal Supremo en la que trasladaría a las Cortes y al Gobierno dichos criterios jurisprudenciales y las dificultades que hubiera advertido en la interpretación y aplicación del ordenamiento.

Asimismo el presidente del CGPJ considera necesario la creación de un auténtico cuerpo de letrados abierto a miembros de la magistratura, del ministerio fiscal, de la administración y de la docencia, así como una adecuada base informática.

ESTATUS ESPECIAL

También cree preciso dotar a los miembros del Tribunal Supremo de un estatus que acentúe su dedicación al Alto Tribunal, incrementando sus incompatibilidades con otras actividades, pero que reconozca, al mismo tiempo, un régimen de derechos similar al de os miembros de otros órganos constitucionales. Ese estatus, además, debería permitir que los magistrados en edad de jubilación siguieran prestando sus servicios.

Para Sala, la unificación de criterios se podría realizar mediante la apertura del acceso a los recursos de casación, que, a su juicio, sólo debería afectar a la modalidad "para unificación de doctrina", suprimiendo las limitaciones de cuantía y materias que actualmente le afectan.

A pesar de ello, el presidente del Tribunal Supremo recooce que "el abrumador número de asuntos que penden" ante dicho tribunal "hacen casi imposible un funcionamiento particularizado que pusiera el énfasis en los casos 'clave' para la creación de jurisprudencia".

Igual que Granados, Pascual Sala mostró su satisfacción y la de todo el Tribunal Supremo por el fracaso del intento de atentado contra el rey Juan Carlos.