La Sala se hace eco del documento, que cita textualmente que, “ante el documento suscrito por PSOE y Junts para facilitar la investidura, las asociaciones judiciales firmantes mostramos nuestro rechazo por las referencias al ‘lawfare o judicialización de la política’ y sus consecuencias”, se hace necesaria una respuesta.

Recuerda, asimismo, que “el texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.

Ello podría suponer, en la práctica, “someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”. Los jueces, añaden, “han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución”.

Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, “no son aceptables”, dice el TSJM. “El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta”, finaliza.