Según estipula la Ley de Partidos, la Sala Especial, como primera medida una vez toma conocimiento de las demandas, debe trasladar los escritos de ilegalización a los partidos afectados y convocar a sus responsables para que se personen ante el Tribunal en un plazo de ocho días, antes de decidir si admiten a trámite las demandas.

En total, son cuatro las demandas planteadas, dos por el Ministerio Público y otras dos por la Abogacía General del Estado y es muy probable que la Sala Especial del 61 -llamada así porque se rige por el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial- decida unir las cuatro demandas en un solo proceso para poder estudiarlas conjuntamente.

Pero además, debido a que todas las demandas presentadas pedían al Tribunal Supremo la adopción de medidas cautelares urgentes, como bloqueo de cuentas, embargo de sedes e inmuebles o suspensión del derecho a presentar candidaturas para las elecciones del 9 de marzo, es muy probable que la Sala Especial se pronuncie hoy mismo sobre estas cuestiones.

PLAZOS

Si no lo hiciera, el plazo que tendría el Alto Tribunal para decidir sobre las cuestiones cautelares es de cinco días desde que conoce la demanda, es decir, a partir de hoy, según estipula la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que la Ley de Partidos Políticos no estipula plazos en este sentido.

Estas medidas cautelares han sido solicitadas por la Fiscalía y por la Abogacía General del Estado con el objetivo de impedir que tanto ANV como PCTV puedan concurrir a las elecciones generales, ya que el plazo de presentación de candidaturas ante la Junta Electoral Central finaliza el próximo lunes, 4 de febrero.

Una vez sean admitidas a trámite las demandas, independientemente de las medidas cautelares adoptadas, todas la partes tienen un plazo de 20 días para presentar alegaciones.

Transcurrido ese plazo, se iniciaría el proceso ordinario, con un periodo para prácticar pruebas, otro para realizar nuevas alegaciones, y con la celebración de una vista final, tras la cual los 16 magistrados de la Sala Especial, con el presidente Francisco José Hernando a la cabeza, deberán deliberar y dictar una sentencia definitiva acordando o rechazando la ilegalización de ANV y PCTV.