"La prueba del impulso democrático será la aceptación por parte del Gobierno de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, CiU y el resto de partidos, lo que favorecería el consenso político y el desarrollo del derecho fundacional amparado por la Contitución", explicó.

A su juicio, el proyecto de Ley de Fundaciones, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario, supone un avance respecto a la anterior legislación, aunque señaló que aún existen ciertas reticencias y desconfianzas hacia este tipo de instituciones por parte del Gobierno.

"La distancia entre el proyecto y la ley será la que nos confirmará si la nueva legislación se adpata a las circunstancias sociales actuales. El Gobierno debe dar más cancha a la sociedad y la Ley de Fudaciones sería una buena oportunidad", añadió.

Sáenz de Miera subrayó que Ley de Fundaciones y Mecenazgo debería mejorar las condiciones fiscales para esta instituciones, eliminar todos los atisbos de desconfianza, definir el papel del protectorado y regular de forma "clara" las actividades empresariales que pueden llevar a cabo las fundaciones. FISCALIDAD

El presidente del Centro de Fundaciones Españolas considera que el actual proyecto prevé un tipo de Impuesto de Sociedades muy alto (el 20 porciento), que no permite a las fundaciones deducir gastos de administración ni de actividades fundacionales.

A su juicio, si el Impuesto de Sociedades sigue vigente para las fundaciones, la solución más coherente para incentivar las actividades de las instituciones sin ánimo de lucro sería un pago símbolico de en torno al 2 por ciento, propuesta defendida por CiU.

Al margen de los aspectos tributarios, aseguró que es necesario definir qué fundaciones serán consideadas de competencia estatal o autoómica para determinar el ambito de amplicación de la futura ley.