Sánz Cosculluela afirmó hoy en los pasillos del Congreso que cuando se regresa de la política a los tribunales "no sería malo que hubiera un periodo de congelación", sin que esta medida suponga poner en tela de juicio la imparcialidad de los jueces que desean regresar a su destino de origen.

El parlamentario socialista, que próximamente será ratificado como presidente de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, explicó que la legislación que regula el retorno a la judicatura de los magistrados qe han pasado por el mundo de la política debe ser modificada, aunque no quiso pronunciarse sobre si estos cambios deben ser abordados de una manera urgente.

"No soy partidario", indicó, "de que los cambios en la justicia se hagan por impulsos y por la influencia de casos concretos. Hay que pensarlos con cierta tranquilidad y serenidad, pero con el paso del tiempo sí será necesario regular esta faceta de la imparcialidad objetiva, estableciendo algún periodo de tiempo para que no se produzcan situacions como las que ahora podemos valorar".

Por su parte, Javier Barrero, sustituto de Ventura Pérez Mariño en el puesto de portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, opinó sobre la necesidad de reformar la ley, aunque insistió en que antes es necesario un análisis sosegado, "alejado del hecho coyuntural en el que todos estamos pensando".

En su opinión, la situación que atraviesan en la actualidad los jueces tras su vuelta de la política "no es la más correcta", por lo que s hace necesaria una reforma legal a medio plazo". Barrero destacó igualmente que la mayoría de los grupos parlamentarios están convencidos de la necesidad de esa reforma.

QUITARSE LA PELUCA

El responsable de asuntos jurídicos del PP, Federico Trillo, también terció en este debate y aplicó el viejo aforismo inglés, según el cual un juez que se quita la peluca no puede volver a ponérsela nunca más.

Sin embargo, no consideró oportuno que el Gobierno, "al socaire de determinados acontecimientos, prtenda ahora modificar la ley porque ésta perjudica sus intereses".

Trillo explicó que la actual normativa, "que precisamente fue construida por la mayoría del Grupo Socialista", permite que un juez que haya pasado por la política vuelva al mundo de la judicatura para desempeñar su antiguo puesto.

"Lo que no parece razonable", puntualizó, "es estar modificando la legislación general, porque beneficie o perjudique al partido del Gobierno o a Felipe González, utilizando para ello su mayoría parlamenaria".

En su opinión, no se debe jugar con las leyes en beneficio propio y éstas no deben ser modificadas al dictado de acontecimientos concretos. "Otra cosa es", matizó, "que sobre esos acontecimientos se reflexione, se estudie y, con la debida instancia y madurez, se produzcan modificaciones legislativas".

La portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, Rosa Aguilar, asumió en parte las tesis de Trillo y rechazó que las modificaciones legales respondan a situaciones coyunturales o estén somtidas a "vaivenes políticos".

Emilio Olabarría, del PNV, aseguró que su grupo es "firmemente partidario" de que los jueces que abandonan su carrera para incorporarse a la política no puedan retormar posteriormente al ejercicio de la actividad jurídica.

"Una ley debe acometer esa reforma, como ocurre en los países anglosajones, y me parece que en la actual coyuntura política sería un elemento de higiene política", concluyó.