Acusó a la Administración autonómica de cambiar los equipos de inspección de estas clínicas y de haber dado "carácter de excepcionalidad" a esas inspecciones, y destacó que "todo se ha hecho bajo la responsabilidad de la Comunidad".

"No sé si sabiéndolo Aguirre o ignorando parte de la presión contra ellas", indicó Sabanés, quien exigió a la presidenta regional que "abra una investigación inmediata y, dé explicaciones de la verdadera persecución" que han sufrido.

Sabanés señaló que la Comunidad de Madrid ha participado en los "protocolos de autorización y evaluación" y en las inspecciones a esas clínicas "en los últimos conflictos en apoyo de la Guardia Civil, a pesar de que había sido desautorizada por un juez".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, respondió a las acusaciones de Sabanés señalando que la Consejería de Sanidad ha controlado, a través de los Servicios de Inspección, el cumplimiento de la ley en las clínicas autorizadas para la interrupción voluntaria del embarazo, igual que ha hecho en las otras clínicas.

Justificó el mayor número de inspecciones en las clínicas donde se realizan abortos alegando que el número de denuncias es 200 veces superior en estas clínicas.

Las clínicas donde se realizan abortos tuvieron 29,4 denuncias por centro y las otras, 0,4.

Tras explicar que la regulación del aborto contempla ladespenalización para tres supuestos, señaló que la Comunidad "haverificado, como es su obligación, que estas condiciones se cumplen".