En una entrevista en Servimedia, el presidente del CES fue preguntado por el pacto de rentas anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como parte de un paquete de medidas en respuesta al impacto que tiene la guerra de Ucrania en España.

A juicio de este responsable público, el pacto de rentas es un “buen instrumento” que serviría para “moderar el impacto a corto plazo” de variables que se alteran repentinamente, como los precios de la energía, por ejemplo, y tiene encaje “en un país como el nuestro en el que el diálogo social tiene naturaleza de activo inmaterial”.

Costas apuntó a la inflación subyacente como el “criterio que se debe seguir tanto para política monetaria como para política de rentas” en lugar de la inflación general porque alrededor del 80% de la cesta de la compra de una familia se corresponde con bienes y servicios con precios “estables” frente a la energía y los alimentos no elaborados que se consideran en el IPC general. El impacto de esos elementos más volátiles deberían verse compensados con otras medidas, según Costas.

El presidente del CES manifestó que la guerra de Ucrania es una situación “dolorosa” pero “no catastrófica” si se maneja “bien” el impacto aliviándolo por distintas vías.

En este sentido, confió en que la Unión Europea habilite a los Estados miembros “en los próximos días” para dar “ayudas directas” a los sectores que se encuentran en peor situación, “no somo consecuencia de una mala gestión empresarial, como consecuencia de un evento que es un 'shock' externo”.

OPCIONES "INTERMEDIAS"

Sobre las medidas a adoptar para paliar el aumento del coste de la energía, que ha empujado el IPC general en España hasta el 7,6%, este responsable y catedrático de Política Económica, si bien anticipó que son “decisiones gubernamentales” sobre las que “no tengo nada que decir”, planteó que hay opciones “intermedias” al impuesto a la electricidad o la congelación de los alquileres propuestos por el Ejecutivo como es sacar el gas del sistema de formación de precios y someter a “algún tipo de regulación” los beneficios “extraordinarios caídos del cielo” de las empresas eléctricas.

Costas, que también es catedrático de Política Económica por la Universidad de Barcelona, comentó que los economistas “somos partidarios de no estar tocando mucho los precios, dejar que los precios respondan a las condiciones que pueda haber en el mercado porque precios elevados no se mantienen a lo largo del tiempo”, después de que la vicepresidenta Teresa Ribera anunciara que España propondrá topar en 180 euros el megavatio hora en el mercado mayorista.

En cambio, afirmó que los economistas “sí que no somos opuestos a que se compense a aquellas actividades y aquellos hogares” que se ven afectados por la volatilidad de los precios y “esto es lo que hay que hacer de forma rápida, se hizo en la pandemia”.

En opinión de Costas, el incremento actual de los precios “no responde a un problema de falta” de materias primas, sino a un “cierto miedo” entre los inversores que no se correspondería con un escenario de medio plazo.

Dada la dependencia de España de la producción ucraniana de determinados productos agroalimentarios como el maíz o el aceite de girasol, Costas planteó que las restricciones recogidas en la Política Agraria Común (PAC) europea con algunos países o con el uso de la tierra se eliminen en esta coyuntura, recordando que durante la pandemia se flexibilizaron mecanismos europeos.