Respecto a la legislación vigente de defensa de los derechos de los consumidores en situaciones de este tipo, Enrique García reconoció que "a nosotros nos hubiera gustado otra norma que impusiera mayores obligaciones y garantizase mejor los derechos de los usuarios de transporte aéreo", pero indicó que no es una "mala legislación", sino que el problema es que no la hacen cumplir.

Asimismo, afirmó que quien tiene que aplicar la ley es la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento y que, en general, las administraciones competentes "no sancionan debidamente y con rigor a las compañías".

Según el portavoz de la OCU, las quejas y denuncias de los consumidores se suelen centrar en retrasos, cancelaciones y el overbooking.