Rupérez, que ofreció una conferencia de prensa en la Cámara Baja, consideró que a previsión del 2 por ciento del PIB como presupuesto de Defensa, es uno de los pocos aspectos positivos del borrador sobre el nuevo modelo de Fuerzas Armadas que ha presentado el PSOE a la oposición.

El portavoz popular afirmó que "es necesario reconocer la valentía del actual ministro por defender estos gastos para Defensa en el 2000, que no tuvo su antecesor en ocho años".

La evolución del gasto en defensa respecto al PIB efectuado por el PSOE desde que accedió al Gobierno, es la siguiente: 2,9 por ciento en 1982; 2,15 en 1983; 2,20 en 1984; 2,22 en 1985; 1,98 en 1986; 1,97 en 1987; 1,92 en 1988; 1,85 en 1989; 1,74 en 1990 y 1,57 en 1991.

Según señala el borrador del PSOE, "para configurar una estructura de ejércitos que responda a parámetros similares a los que son comunes en los países europeos de nuestro entorno, será exigible situar el gasto de defensa en torno al 2 por ciento del PIB, a fin de conseguir el adecuado nivel de equipamiento".

Rupérez subrayó que su partido venía denuciando desde hace tiempo la "degradación" que sufrían en los últimos años los gastos de defensa, e indicó que el presupuesto estimativo realizado por el Gobierno "servirá para mantener la operatividad de nuestras Fuerzas Armadas".

EXCEPCION Y REGLA

Pese a esta defensa de la propuesta socialista, el PP considera que el resto del borrador es "incompleto y carente del consenso político necesario", está invadido por "una visión idílica y voluntarista de la situación internacional de seguridad y defensa ctual".

No obstante, Javier Rupérez reconoció a continuación que la "naturaleza" de los objetivos que persiguen PP y PSOE son bastante similares.

El PP defiende el mantenimiento del carácter obligatorio del servicio militar y su reducción a ocho meses -una duración menor convertiría la "mili" en una actividad "recreativo-patriótica", según su portavoz-, y con un contingente total de Fuerzas Armadas de 200.000 hombres.

Rupérez se mostró abiertamente contrario a una posible reducción de la durción de la prestación social sustitutoria, como se hará en breve con la "mili", ya que la objeción de conciencia es "un derecho que debe considerarse como una excepción y no como una regla".

Sobre la rebaja del tiempo del servicio social, el borrador socialista se muestra ambiguo: "Sin perjuicio de la decisión que pueda adoptarse sobre la duración de la citada prestación social en función de la reducción del servicio militar, deberían adoptarse medidas adecuadas para establecer programas que puedan se desarrollados por los objetores...".