Rumí expresó esta advertencia a los empresarios en rueda de prensa, tras presidir en Barcelona la subcomisión Estado/Generalitat de Cataluña en materia de inmigración.

La secretaria de Estado señaló que, a partir del próximo 7 de mayo, cuando acabe el proceso extraordinario de normalización, los empresarios que no hayan regularizado a los inmigrantes irregulares que ya tienen empleados "lo van a sentir, y aquéllos que no cumplan con la ley tendrán una sanción de 60.000 euros".

En este sentido, Rumí subrayó que el Gobierno creará próximamente una unidad específica de inspección de trabajo para controlar que los inmigrantes han sido dados de alta en la Seguridad Social.

También recordó que los extranjeros tendrán que acreditar que están empadronados en España antes del 7 de agosto de 2004, así como presentar un certificado de antecedentes penales.

En este sentido indicó que, tras los problemas que han tenido los inmigrantes ecuatorianos en los consulados para tener el certificado de antecedentes penales, no le consta que consulados de otros países hayan sufrido problemas similares con sus compatriotas en la obtención de este documento.

Por su parte, la consejera de Bienestar y Familia de la Generalitat de Cataluña, Anna Simó, destacó la colaboración y cooperación entre ambas administraciones para una mejor gestión de la inmigración.

Así, Simó señaló que en este encuentro se ha acordado que en el marco de esta subcomisión Estado/Generalitat de Cataluña se creen dos mesas de trabajo, una de ellas relativa a la integración y acogida de inmigrantes, y otra que abordará la temporalidad en la contratación de inmigrantes en sectores como el turismo y la agricultura.