De acuerdo con estas fuentes, el juicio contra el empresario, para quien el fiscalsolicitará un total de 12 años de cárcel y 500.000 pesetas de multa, comenzará en la última semana del próximo mes de noviembre, aunque se prolongará durante varias sesiones, dada la gran cantidad de testigos propuestos por las partes, que ascienden a más de un centenar.

Además de Ruiz-Mateos, también serán juzgados otros cuatro ex directivos de Rumasa, José Díez Hidalgo, Luis Romero Agarrado, Manuel Sánchez Marín y Carlos Quintas Alvarez, para quienes el fiscal pide penas que oscilan entre los 5 y lo 20 años de cárcel y multas que ascienden a 16.000 millones de pesetas por los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil y oficial y apropiación indebida.

En su escrito de acusación, el fiscal señala que Ruiz-Mateos, en colaboración directa con Hidalgo, su secretario personal, comenzó en 1978 a impartir las "ordenes necesarias para la alteración mendaz de las partidas de activo" de cada uno de los bancos del holding, con el fin de encubrir los déficits reales que hubieran "mermado su capaciad de captación de depósitos".

Indica que, para dar mayor apariencia operativa a esos activos, Ruiz-Mateos fue comunicando en 1982 a Romero Agarrado, entonces director general de la división bancaria de Rumasa, los nombres de las sociedades que debían utilizarse "para aperturar las cuentas en las que se asentarían las operaciones correspondientes a los créditos imaginarios concedidos", un total de 17.

Precisa que todas esas cuentas supusieron la creación de créditos ficticios por valor total de 1766.600.000 pesetas y añade que tras la expropiación de Rumasa, el 23 de febrero de 1983, los procesados sustituyeron los titulares de esas cuentas por otros correspondientes a sociedades del grupo para "ocultar a los nuevos administradores las relatadas manipulaciones contables" que, según el fiscal, ocasionaron pérdidas a los bancos por 4.000 millones de pesetas.

El representante del ministerio público también acusa a Ruiz-Mateos, a Díaz Hidalgo y a Sánchez Marín de incrementar los activos reales de grupo por un total de 345.751.000.000 pesetas mediante la revalorización de sus participaciones y el incremento de las plusvalías a través de meros apuntes contables "sin que esta mendaz actividad se sustentara documentalmente en ningún incremento real del patrimonio".

Asímismo, entre otras operaciones, les achaca haber manipulado la forma de efectuar la liquidación de las cargas fiscales del grupo consignando como retenidas por el IRPF cantidades menores de las reales, ingresando así casi 11.900 milones de pesetas hasta finales de 1982, y haber realizado los supuestos pagos de deudas tributarias falsificando firmas y sellos de entidades bancarias.

La falsedad en documento es el único delito por el que puede ser juzgado Ruiz-Mateos, ya que fue ésa la condición impuesta por las autoridades judiciales alemanas cuando concedieron su extradición a España en 1985.

Esta es la tercera vez que se señala el juicio contra el ex presidente de Rumasa. La primera fue el 31 de marzo de 1989, pero el empreario consiguió eludir el juicio al renunciar a su defensa, por lo que se le nombró un abogado de oficio que Ruiz-Mateos rechazó.

Posteriormente, el Tribunal Supremo se hizo cargo de la causa contra el empresario, al salir éste elegido eurodiputado. Tras pedir el correspondiente suplicatorio, la Sala Segunda señaló la vista para el 22 de marzo de 1994, aunque fue suspendida porque otro de los procesados renunció a su abogado.

Finalmente, el sumario pasó a la Audiencia Nacional en agosto de 1994 alperder Ruiz-Mateos su condición de aforado por no haber salido reelegido eurodiputado en las elecciones al Parlamento Europeo del 12 de junio de ese año.