En una nota de prensa hecha pública hoy por el sindicato, éste acusa a las administraciones de coacciones, de prevalerse de un cargo público, de atentar contra la moral de las personas, de daños producidos a los inmigrantes, de impedir el ejercicio de los derechos cívicos de éstos, de expulsión de asentamiento natural voluntario y de un delito de lesiones.

Al margen de la actuación judicial, UGT-Madrid propone 7 puntos de actuación urgente sobre el asentamiento rumano, entre las cualesincluye: regularización extraordinaria e inmediata de todos los afectados y un plan de alojamiento urgente a través de la red de albergues públicos, de las ONGs, pisos de acogida y habilitación de instalaciones públicas para tal fin.

Además, el sindicato reclama otras medidas para los inmigrantes, como la concesión de la tarjeta sanitaria, la asignación de centro de salud y un programa de salud y vacunaciones para la infancia, la escolarización de los menores y el fomento de campamentos urbanos para fvorecer su integración.

UGT pide también a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento y a la Delegación del Gobierno una adecuación urgente de los programas de intervención social, con medidas de mediación social y acompañamiento para la búsqueda de empleo.