La parlamentaria de la coalición de izquierdas pidió que se amplíe el plazo de tres meses fijado en un pincipio para estos nuevos asentamientos "porque la integración", dijo, "no tiene caducidad".

Explicó que esta medida le recuerda la época de la cristianización, cuando se ofrecía a los musulmanes un plazo de tiempo para que cambiaran de religión.

Caridad García aseguró que también está en contra de que estos ciudadanos sean separados en grupos, ya que, "al estar acostumbrados a vivir colectivamente, con esta estrategia les golpean donde más les duele".

Según lo acordado por la distintas admnistraciones, trascurridos los tres meses las autoridades estudiarán la situacion legal de los rumanos que hayan demostrado su capacidad de integración, para lo que se tendrá en cuenta la asistencia a cursos de español, la escolarización de los menores y el cuidado a sus hijos. Los que no se integren serán devueltos a Rumania.

La parlamentaria de IU hizo un llamamiento a la ciudadanía, en el sentido de que "ellos también deben de adaptarse a convivir" con los rumanos, y le pidió que "sea generosoa" co estos inmigrantes.

Afirmó que este conflicto ha surgido por un "inadecuado desalojo, que se ha hecho con poca pudencia", y anunció que su grupo parlamentario solicitará una entrevista con la consejera de Integración Social para que les explique más en detalle lo acordado en la reunión, en la que, a su juicio, tendrían que haber estado presentes los grupos de la oposicion.