En su opinión, no se puede "censurar y criticar a determinados jueces que, con amparo de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, llevan a cabo actividades políticas que son legales".

Ruiz Vadillo también se refirió a las recusaciones de los jueces, respecto a las que dijo que "cualquier ciudadano tiene derecho a recurri, si encuentra situaciones que puedan impedir la imparcialidad que debe tener un juez. Esa es la grandeza de la imparcialidad objetiva de las instituciones jurídicas", destacó.

Para el presidente de la Sala Segunda del Alto Tribunal, la 'contaminación' judicial puede surgir porque un juez haya tomado una decisión que puede prejuzgar lo que vaya a decidir en el futuro. Sin embargo, insistió en que en ese caso el justiciable puede recurrir y el juez debe apartarse del caso.

Por ello, agregó que la ndependencia judicial es una garantía para el ciudadano y señaló que, "en general, podemos estar satisfecho de los niveles de imparcialidad e independencia que los jueces, poco a poco, vamos alcanzando".

JUDICIALIZACION

Respecto a la "judicialización" de la vida política, Ruiz Vadillo afirmó que el número de causas contra aforados que entran en el Tribunal Supremo "es enorme", lo que, en su opinión, se debe a que muchos ciudadanos, conscientes de que son titulares de la soberanía, "si creen que alguo de los poderes funciona mal, ejercen sus derechos ante quien tiene competencia para darles una respuesta".

"Eso sí", matizó, "como todo ejercicio de derechos, puede ejercerse de una manera abusiva. Pero de una resolución que pueda gustarnos o no gustarnos a una prevaricación, hay un abismo. Y todos los tribunales tienen que ejercer un cierto control para evitar que las querellas que no tienen fundamento vayan adelante", advirtió.

Ruiz Vadillo señaló que el proceso penal puede ser de un gravamenirremediable para la persona que lo sufre aún cuando luego la sentencia sea absolutoria y se preguntó "¿quién le quita la tortura del tiempo que dura el proceso?. Eso no se resuelve ya ni con dinero", contestó.

Por ello, abogó porque los tribunales aborten en el primer momento las querellas que no tengan un fundamento serio para evitar que la prolongación del proceso pueda suponer un agravio excesivo y desproporcionado para la persona que lo sufre.

PRISION PREVENTIVA

El recién nombrado magistrao del Tribunal Constitucional afirmó, por otra parte, que "la prisión preventiva tal como está regulada no me gusta" y se mostró partidario de que quien instruya no decrete la prisión, sino que lo haga un órgano independiente.

Asimismo, dijo que "las prisiones preventivas se deben adoptar de una manera contradictoria, oyendo a los interesados, al ministerio fiscal, a la acusación y a las defensas para ver qué argumentos dan, porque la prisión provisional no debe ser jamás una pre-pena o una pena anticpada, porque estaríamos traicionando entonces al propio sistema".

Añadió que la prisión provisional debería ser una medida cautelar "extraordinariamente restringida" e indicó que "deberíamos ir a una reforma de la prisión preventiva, no inmediata, sino meditada, para que no pueda pensarse que es un correctivo a unas situaciones concretas que ahoran puedan existir".

EXCESOS DE PRENSA

Tras advertir que es necesario distinguir entre la responsabilidad política y la penal, insistió en que los medio de comunicación deben de tener muy en cuenta el principio de presunción de inocencia aunque resaltó que prefiere los excesos de la libertad de expresión a los defectos, los cuales, a su juicio, no deben ser corregidos por la vía penal, sino por la indemnizatoria.

A pesar de ello, se mostró partidario de que la información de los medios de comunicación se atenga a unas normas de autocontrol que les impida publicar informaciones prematuras que eviten los juicios paralelos y respeten los derechos de laspersonas.

Ruiz Vadillo deja al día la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que tiene alrededor de 2.500 asuntos pendientes de señalamiento, porque entiende que "el cáncer de la justicia española actual es el retraso. Sólo será posible superar ese retraso si modificamos el sistema casacional impugnativo. Un sistema de muchos recursos no da más certeza ni más garantías al justiciable", concluyó.