La posición de Ruiz Gallardón es consecuencia de una proposición no de ley, aprobada por los tres grupos políticos de la Asamblea de Madrid (PP, PSOE e IU), en la que se insta al Consejo de Gobierno de la región a "que mantenga ante los organismos oficiales pertinentes su posición desfavorable ante la adopción, por parte de la empresa, de medidas unilaterales traumáticas (expedientes forzosos)".

Esta resolución parlamentaria pone al equipo económico de Ruiz Gallardón y el resto de fuerzaspolíticas madrileñas frente al Ministerio de Trabajo, dirigido por Javier Arenas, desde el que se autorizaron el pasado mes de agosto los despidos, con la oposición frontal de los sindicatos.

Además, todos las fuerzas parlamentarias de Madrid han pedido al Ejecutivo regional que se dirija a Alcatel Standard Eléctrica, para reclamar esfuerzos que permitan una solución negociada al conflicto, y un plan de futuro que garantice tanto la actividad como las plantillas.

Los 1.388 despidos que el grupo Acatel quiere llevar a cabo en su filial española supondrán el cierre de dos factorías, la de Arteixo (La Coruña) y la de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Para evitar que la crisis de Alcatel afecte a los empleos en la región de Madrid, el Ejecutivo regional intentará facilitar un acuerdo entre la empresa y los sindicatos con medidas de política territorial y suelo y, a su vez, asegurar que se cumplen los eventuales compromisos a que pudieran llegar.

Por otro lado, el presidente ejecutivo de la multinaional francesa Alcatel, Serge Tchuruk, presentó el pasado 25 de septiembre un informe al Consejo de Administración sobre la marcha del 'Plan de Recuperación' en el que se indica que el grupo volverá al equilibrio económico este mismo año.

Según las cuentas presentadas por el máximo ejcutivo de Alcatel, en los seis primeros meses del año el grupo arrojó unas pérdidas de 400 millones de francos, frente a los 1.200 del mismo periodo del 95. También se indica que los efectos del plan en marcha han sido liitados hasta junio y que se harán notar en la segunda mitad del 96.

Dicho ajuste de la multinacional contempla, entre otras medidas, una reestructuración de plantillas en los sectores de telecomunicaciones y cable, considerada imprescindible por la dirección. Ello ha supuesto ya el anuncio o puesta en marcha desde mediados de 1995 de unos 20.000 despidos en Europa -incluida España-.