Tras señalar que en la Consejería de Sanidad se cumple “siempre con la legalidad vigente, en este caso la Ley General Presupuestaria”, dijo que dentro de la red de hospitales públicos del Servicio Madrileño de Salud se contemplan dos modelos de colaboración público- privada.

Ruiz Escudero se refirió a los hospitales de gestión directa, con colaboración público-privada PFI (Private Finance Inititive), en los que la prestación de los servicios asistenciales es pública y los servicios no asistenciales, sobre los que se ejerce el control público, es privada.

Señaló que en este grupo se encuentran los hospitales universitarios Infanta Cristina, Infanta Sofía, Infanta Leonor, Puerta de Hierro Majadahonda, Henares, Sureste y el del Tajo.

Además, también citó los hospitales de gestión indirecta, de concesión administrativa PPP (Public-Private Partnership), en los que la gestión de los servicios asistenciales y no asistenciales se lleva a cabo por empresas privadas. En esta situación se encuentran los hospitales universitarios Infanta Elena, Rey Juan Carlos de Móstoles, Torrejón y el Hospital General de Villalba.

Destacó que en ambos grupos de hospitales se ejerce la función de supervisión y control de la prestación de los servicios no sanitarios, conforme a las especificaciones de los contratos de concesión, establecidas en los correspondientes pliegos de prescripciones técnicas y administrativas.

En concreto, añadió, se realizan actuaciones de control de los niveles de disponibilidad y calidad de los servicios de explotación, seguimiento económico – financiero y jurídico, así como auditorías de calidad y funcionamiento. El consejero hizo estas declaraciones en respuesta a una pregunta de la diputada socialista Matilde Díaz sobre este asunto.