Rudi clausuró este mediodía el Curso de Verano sobre "El Pacto de Estado por la Justicia" organizado por la Universidad Rey Juan Carlos en la ciudad de Ronda. A su juicio, las jornadas de trabajo han constatado que la situación de la Justicia es uno de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos, "y que su necesaia e inaplazable reforma es uno de los grandes temas pendientes que quedan aún por abordar en nuestro país".

A pesar de que diversos estudios demuestran la crisis que atraviesa la administración de Justicia a ojos de los ciudadanos, Rudi precisó que las quejas de los españoles no se dirigen únicamente a la organización judicial, sino "a un complejo entramado institucional integrado por distintas profesiones, actuaciones y recursos materiales que, en su conjunto, no estiman acorde con las necesidadesque país demanda".

Rudi recordó, en este sentido, que la Justicia es un poder del Estado y un servicio público, "pero también una empresa colectiva en el que sectores sociales muy dispares están comprometidos".

"La excesiva judicialización de nuestra vida política y la frecuente instrumentalización mediática de algunas resoluciones judiciales pueden ser dos ejemplos de cómo sectores ajenos a la Administración de Justicia, como son la clase política y los medios de comunicación, han de asumir u cuota de responsabilidad en el problema que examinamos", dijo Rudi.

En su opinión, "sería conveniente propiciar un acuerdo global entre las fuerzas políticas y sociales más relevantes para que el proceso de transformación judicial que se inició en los años de la transición continúe y no desfallezca hasta lograr una Justicia moderna, ágil y eficaz, aunando el mayor número de voluntades".

Para ello, juzgó necesario "una minuciosa programación previa", con una delimitación de los objetivos y d los pasos a dar, que a su vez requeriría una comunicación permanente entre todos los responsables de esas reformas.

Luisa Fernanda Rudi opinó también que la crisis del sistema judicial provocada por la demora en la resolución de litigios y por disfunciones en la gestión debe resolverse con prudencia, pero también "con decisión y ciertas dosis de audacia, incorporando nuevas tecnologías para poder responder mejor a las exigencias de una sociedad avanzada".

La presidenta del Congreso concluyó ue el buen funcionamiento de la Justicia "constituye un presupuesto esencial de todo sistema democrático y su abandono puede originar imprevisibles consecuencias para la convivencia y el normal desarrollo de la sociedad".