Según el texto de la proposición, la elección de los consejeros de RTVE se haría entre personas de "reconocida competencia técnica y profesional" ajenas al Consejo de la Comunicación, cuyos 21 miembros serían designados por real decreto entre prestigiosos profesionales de la cultura, la ciencia, la tecnología, la información o el Derecho.

Cada una de las Cámaras Legislativas elegiría a cuatro miembros del Consejo de la Comunicación por mayoría de tres quintos, y el rest sería nombrado por sindicatos, organizaciones empresariales, el Consejo Escolar del Estado, el de Universidades, el de la Juventud, el Instituto Nacional de Consumo, y el Instituto de la mujer.

El mandato de todos ellos sería de cinco años y su cargo sería incompatible con la pertenencia al Gobierno o a las administraciones públicas, la titularidad de participaciones o acciones en cualquier empresa o medio de comunicación y con el ejercicio de puestos directivos en estas empresas y medios.

Este onsejo, independiente de las Administraciones Públicas, velaría por el respeto al pluralismo social y a las distintas lenguas del Estado, y protegería los derechos básicos de las minorías y la dignidad de los usuarios de los medios de comunicación.

Además de elaborar un informe anual para su debate en el Parlamento, el Consejo podría formular recomendaciones a los medios de comunicación e incluso instar a los órganos con potestad sancionadora a realizar los procedimientos correspondientes.

En la xposición de motivos, se señala que la necesidad de un organismo de este tipo "ha sido ratificada por la realidad" y avalada por su existencia en otros países de nuestro entorno.