En el texto de la proposición, a la que ha tenido acceso Servimedia, se afirma que el Gobierno tiene "el derecho y el deber de utilizar todas las herramientas jurídicas que el vigente ordenamiento jurídico pone a su disposición para combatir desde todas las perspectivas legales la lacra injustificable que supone el terrorismo para España".

En este sentido, la proposición añade que "la tibieza, el oportunismo político y las actuaciones de cara a la galería no son instrumentos adecuados cuando están en juego la vida de los ciudadanos y los principios democráticos".

Por este motivo, la iniciativa de Rosa Díez plantea aplicar en este caso la Ley de Bases del Régimen Local, "a los efectos de avanzar desde el Estado de Derecho" consagrado en la Constitución y "para lograr que el terrorismo desaparezca definitivamente de la vida de los españoles".

GESTIÓN "DAÑOSA"

En concreto, la diputada del Grupo Mixto insta al Gobierno aaplicar el artículo 6 de la Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo, que modificó el texto originario de la Ley de Bases de Régimen Local, que data de 1985.

Este artículo contempla que "el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado" podrá disolver un ayuntamiento que esté llevando a cabo una "gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales".

La reforma de 2003 contemplaba entre las decisiones "gravemente dañosas" las que "den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares".

Díez añade en su proposición que la disolución por este procedimiento de los ayuntamientos gobernados por ANV permitiría acabar con el "lamentable espectáculo" que se está dando en consistorios controlados por la formación abertzale, como es el caso de Mondragón (Guipúzcoa).