En su intervención ante la comisión parlamentaria de economía, Alavedra no aportó ningún dato nuevo sobre el presunto uso irregular de 1.000 millones del aval por parte del empresario e insistió en que sólo los tuvo inmovilizados durante dos meses, afectados por una posible compra de pagarés de GrandTibidabo, aunque la totalidad fue invertida en la construcción del parque.

El consejero basó su explicación en el informe de la Intervención General de la Generalitat, que considera correctos los mecanismos de concesión del aval de 10.000 millones a la empresa Grand Península y el control por parte del Gobierno catalán de su uso.

Tanto el informe de la auditoría de la empresa constructora del parque temático como los encargados por la Generalitat coinciden en que consejeros de Grand Península depsitaron el 31 de diciembre del año pasado 1.000 millones de pesetas obtenidos del aval público en una cuenta de Caixa de Tarragona con la instrucción escrita de que debían destinarse a la compra de pagarés de Grand Tibidabo, también controlada por el financiero.

Según Alavedra, la orden de compra, que no tenía fecha, no llegó a producirse durante los dos meses en que los 1.000 millones permanecieron en esa cuenta, y los pagarés no fueron adquiridos hasta marzo del 94, con dinero que procedía de un créito hipotecario de Caixa de Tarragona.

El consejero recordó que "dar un aval no es dar dinero" y que los hechos demuestran que "no se ha desviado ni una sola pesetas de los fondos públicos".

Sobre los argumentos de Iniciativa per Catalunya, que asegura que los 1.000 millones inmovilizados por orden de De la Rosa sólo podían proceder del aval porque su empresa no tuvo otros ingresos en la época, Alavedra argumentó que la sociedad había invertido hasta entonces más de 27.000 millones.

En este entido, añadió que era posible que al hacerse efectivo el crédito se recuperaran los fondos anticipados, y que esto no es del todo ilegítimo porque al conceder un préstamo ya se prevé que puedan haberse adelantado las inversiones.

En su opinión, la única irregularidad que podía haberse producido es "poner en peligro la construcción del parque", aunque agregó que no se dio el caso porque las obras siguieron su curso y los proveedores cobraron con puntualidad.

Para Alavedra, Caixa de Tarragona tuvouna actuación incorrecta cuando afirmó a la auditora Arthur Andersen en enero del 94 que los 1.000 millones de la cuenta eran de "libre disposición", sin especificar que había órdenes de invertirlos en la compra de pagarés de Grand Tibidabo.