Estos portavoces señalaron que es "poco serio" hablar de que KIO pagó a instituciones o partidos políticos para crear un clima de opinión favorable a favor del emirato de Kuwait durante la guerra del Golfo.

Todo quedará claro, indicaron, en las dos acciones judiciales en curso actualente, en Londres y en Madrid, por la suspensión de pagos del Grupo Torras-KIO, ya que la información sobre la entrada y salida de dinero está en manos de los jueces.

Recalcaron que "las cosas se han hecho legalmente" y que el dinero que efectivamente se sacó a Londres y a Suiza se hizo de acuerdo con los requisitos de la Dirección General de Transacciones Exteriores y para fines aceptados por el Gobierno español.

En concreto, el dinero se dedicó, según estas fuentes, al mantenimiento del propio Gbierno kuwaití en el exilio, al de algunas personas que estaban fuera del emirato al producirse la invasión de Kuwait por Irak, a pagar los costes de las embajadas o a las líneas áreas del emirato.

El compromiso que se alcanzó con el Gobierno español consistía en disponer del dinero que el grupo KIO había invertido en función de sus necesidades durante la crisis, y restituirlo una vez resuelto el conflicto bélico.

A este respecto, indicaron que tras la victoria aliada sobre el ejército de Sadam Hsein, el equipo de Javier de la Rosa cumplió parte de los compromisos, al realizar una ampliación de capital de unos 50.000 millones de pesetas, pero señalaron que luego se produjo la crisis de Torras y los nuevos gestores no completaron la operación.