Además del Código Penal, Romero pidió que este tipo de delitos se incluyan como materia a juzgar por los jurados en la próxima ley que habrá de regular esta figura, "para que sea la ciudadanía la que juzgue a los corruptos". Asimismo, propone dotar a jueces y magistrados de un cuerpo de Policía Judicial con el objetivo de investigar este tipo de casos irregulares.

La reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal fue otra de las medidas anunciadas por Romer, para quien la Fiscalía del Estado "no puede ser la voz de su amo".

Según el diputado malagueño, es indispensable en la lucha contra la corrupción la reforma de los estatutos del Congreso y del Senado, ya que, a su juicio, "de esta forma las comisiones de investigación puedan llegar donde sea necesario".

En este sentido, Romero criticó que la comisión que investiga el supuesto enriquecimiento irregular del ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, no haya recibido información directadel sistema bancario. "La Banca ha negado información sobre las cuentas de Luis Roldán y la Banca no puede convertirse en asilo y santuario de los presuntos delincuentes", añadió.

La séptima medida hace referencia a la elaboración de una Ley de Contratos del Estado que vigile las contrataciones y adjudicaciones de obras públicas, una ley que Romero justificó porque "Roldán ha adjudicado más de 60.000 millones de pesetas a dedo".

Según el diputado, también es necesario reformar el Tribunal de Cuenas, organismo que, a su juicio, no ha tenido el más mínimo control sobre los fondos reservados, además de reforzar el papel de las inspecciones de Hacienda, junto a la necesaria declaración patrimonial de cargos públicos y políticos.

La última medida que Romero ha propuesto para atajar la corrupción es "la dimisión de Felipe González", a quien responsabiliza de la situación suscitada en el país "porque nunca ha luchado contra la corrupción", si bien negó que se pueda hablar de "corrupción generalizada.

Para Antonio Romero, los casos de Luis Roldán y Mariano Rubio demuestran que las imputaciones realizadas sobre Juan Guerra "eran una nimiedad".