Rodríguez Arribas prefirió no pronunciarse sobre quién es, a su juicio, el que debería llevar dicha investigación, ya que para eso "habría que tener a la vista" una documentación que no tiene.

Agregó que tanto los argumentos que defienden que Ana Ferrer es la que debería investigar el caso como los que indican que deería hacerlo el magistrado Garzón son "razonablemente sostenibles con la ley en la mano", y explicó que es una cuestión "técnico- jurídica en materia de competencia previa a un proceso".

Para el presidente de la APM, la investigación sobre los documentos de Laos no debería ser interrumpida, arguyendo que la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que las cuestiones de competencia no paralizan los procedimientos de investigación.

Rodríguez Arribas explicó que una vez que se sepa quién invetigará el caso, la información que haya recabado la otra parte deberá pasar al juez que definitivamente tenga que instruirlo. "Se acumulan todas las actuaciones en manos de un solo juez", dijo.