La sentencia recurrida fue dictada por la Audiencia Provincial de Madrid el 26 de febrero de 1998 y condenó al ex director general de la Guardia Civil a 8 años por malversación de caudales, 6 por estafa, 4 por cohecho y 10 por cinco delitos contra la Hacienda Pública.

La Audiencia Provincial de Madrid consideró probado que Luis Roldán, que ocupó la Dirección General de la Guardia Civil entre el 4 de noviembre de 1986 y el 7 de diciembre de993, "desarrolló una incesante actividad delictiva amparado en su cargo público, con la finalidad de enriquecerse ilícitamente".

Según la sentencia, el ex director general de la Benemérita "se apropió de fondos públicos destinados a fondos reservados; exigió y obtuvo de empresas constructoras que pretendían ser adjudicatarias de los contratos de obras de la Guardia Civil el pago de elevadas comisiones a cambio de tales adjudicaciones (...); ocultó el considerable patrimonio que fue alcanzado a la Hacinda Pública y creó una sociedad, Europe Capital, para cobijar en ella parte de sus ilícitas ganancias".

Gracias a todas estas actividades delictivas, según la sentencia recurrida, Roldán llegó a hacerse con un patrimonio cifrado en torno a 1.700 millones de pesetas, que ocultó a Hacienda y luego trasladó a Suiza, desde donde, mediante complejas operaciones bancarias, transfirió a Singapur, "sin que hoy se conozca fehacientemente su actual destino".

Roldán ingresó en la cárcel de Brieva (Avila) el28 de febrero de 1995, después de haber sido detenido en Laos, tras diez meses de fuga, por lo que cuando se dictó la sentencia llevaba ya tres años en prisión.

EL AMIGO Y LA ESPOSA

También condenó a Jorge Esparza, testaferro y amigo de Roldán, a 9 años de prisión (6 por malversación de caudales públicos y 3 por un delito de cohecho). Además, impuso a Blanca Rodríguez Porto, esposa de Luis Roldán, 4 años de cárcel (2 por un delito contra la Hacienda Pública y 2 por encubrimiento).

La Audiencia rovincial de Madrid impuso a Roldán una multa de 1.600 millones de pesetas y le obligaba a indemnizar a la Hacienda Pública con 957 millones de pesetas. Además, según la sentencia recurrida, debía pagar, conjunta y solidariamente con Esparza, otros 579 millones al Estado, como compensación por un delito continuado de malversación de caudales.

Por su parte, el tribunal condenó a la mujer de Roldán a indemnizar a la Hacienda Pública con los casi 70 millones de pesetas que defraudó en su declaración de l renta del año 1992.