El Ejecutivo foral interpuso la semana pasada una querella ante el juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona contra loscitados ex cargos socialistas, así como contra el anterior director de la Guardia Civil, Luis Roldán, y su testaferro, Jorge Esparza. A los dos primeros los acusa de cohecho, prevaricación y fraude a la Hacienda, y al resto del primero de los delitos.

Las diligencias abiertas en Pamplona para investigar la llamada 'trama navarra' del 'caso Roldán' serán divididas en piezas separadas, dada la "gran complejidad" que presenta el caso, según un auto del magistrado instructor Juan Manuel Fernández. Este juz ha determinado que estudiará de forma independiente las sociedades familiares de Urralburu y Aragón y, también, las diferentes adjudicaciones de obras públicas que pudieron dar origen al cobro de comisiones por parte de ambos.

El texto elaborado por los servicios jurídicos centrales del Gobierno indica que de 1984 a 1991 los sueldos netos anuales del ex presidente Urralburu y de Aragón rondaron entre los 2,3 y los 4,8 millones de pesetas, mientras los pasivos de sus sociedades inmobiliarias asciende a varias decenas de millones. Por este motivo, el Ejecutivo foral demanda al juzgado que investigue el origen del dinero de que disponían para hacer frente a tales pasivos.

La querella destaca que en la trama del caso Roldán "han aparecido presuntas actuaciones delictivas conexas por parte de los querellados, que se concretan en la ilícita percepción de comisiones con cargo a los presupuestos de obras públicas de Navarra". También se hace mención a las cuentas suizas de Roldán, donde se deja "entreve la posible existencia de una red de cobro de comisiones, a la que se añade un listado de posibles inversiones realizadas con este dinero".

Entre otros ejemplos, se habla en el texto del Gobierno de que, presuntamente, por la construcción de un embalse, Huarte habría pagado una comisión de 25,4 millones; y por la adjudicación de varias obras en la Universidad Pública, esta empresa y Agromán abonaron por el mismo concepto un total de 114 millones.

En la querella se hace un repaso a las "inversione presuntamente injustificadas" de todos los imputados -chalés en Menorca, Mallorca y Rota y pisos en Madrid- para concluir que las sociedades mencionadas (Residencial Menorquina y Copcan) "tienen afinidades que inducen a pensar que están constituidas como instrumentalización o medio para el blanqueo de la percepción de las ilícitas comisiones de los cargos publicos querellados".