"En elcaso de que hubiera una detención ilegal o no ajustada a la ley por tal motivo (la falsedad de los documentos), el señor Roldán podría reclamar contra el Gobierno español o contra quien fuera por esa detención ilegal. Ahora, tendría que hacer frente a su vez a sus propias responsabilidades en el proceso penal español", agregó Alonso en declaraciones a Radio Nacional.

Sin embargo, el portavoz de Jueces para la Democracia considera "más discutible" que la jueza encargada del caso pudiera investigar por odos los delitos que le imputa: "Creo que lo que va a hacer este hombre va a ser interesar la aplicación, al menos supletoria, de los principios de derecho internaconal en la materia. En principio se señala que para que pueda ser sancionado o perseguido en España por un determinado delito, este delito tiene que existir también en el Estado requerido".

A su juicio, "lo más coherente sería esperar a que quien tiene que informar, que es el Gobierno de la nación, informe y establezca claramente cuáles sonlos hechos que han ocurrido, sin ninguna sombra de dudas, sin ningún resquicio, y sobre esos hechos ya sí se pueden hacer valoraciones. Pero sobre hipótesis es muy difícil".

Pero lo que tiene claro Alonso es que el ex director general de la Guardia Civil "en ningún caso podría quedar en libertad, porque para que se produjera este efecto su detención tendría que estar relacionada íntimamente con el contenido material del proceso español, y no es así: su detención es una cautela para ponerle a disposicin y que responda aquí de lo que eventualmente hizo aquí; es decir, que se defienda en el proceso judicial que le abre una democracia con un sistema de garantías democrático, con jueces independientes".