"Hasta lo que sé ahora, me consta que el coronel Garabito era desconocedor de estas prácticas y por esto fue cesado", indicó Roldán, quien agregó que si hubiese tenido conocimiento de las supuestas irregularidades "evidentemente las respnsabilidades hubiesen tenido que subir de nivel".

Roldán también rechazó que esté implicado en estas presuntas irregularidades el anterior jefe de la UCIFA y actual consejero suyo, el coronel Arsenio Ayuso, que hasta la fecha no ha sido citado a declarar, y negó que según las afirmaciones de algunos guardias civiles incluidas en el sumario Ayuso contactase desde su despacho con narcotraficantes, a los que ofrecía como pago cantidades de droga.

Reiteró que la Dirección General de la Guardia Civil restará asistencia letrada a todos los que según el sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón estén incursos en presuntas irregularidades, "pero no a aquellos que ya en el sumario han reconocido actitudes de coacción, violencia o extorsión", matizó Roldán en alusión a los guardias civiles Doroteo Gómez Porras y Vicente Domínguez, que desencadenaron esta investigación al denunciar las supuestas prácticas ilegales ante el juzgado.

Añadió que Domínguez Serrano denunció a sus speriores en represalia porque éstos le abrieron un expediente y le sancionaron por haber extorsionado a un confidente. La denuncia del expedientado dio lugar a la presentación de una denuncia en el juzgado número 13 de Madrid y a las investigaciones de la Audiencia Nacional.

El director general de la Benemérita restó importancia al "desmantelamiento" de la UCIFA tras la apertura de las investigaciones diciendo que no es una unidad de élite, sino una unidad de inteligencia que recoge toda la informació que hay sobre el narcotráfico en el mundo y la difunde a los servicios provinciales.

Puso como ejemplo el hecho de que durante 1992 la UCIFA haya hecho sólo 5 actuaciones, detuviera a dos personas e interviniera efectos por valor de 93 millones de pesetas, frente a las 3.170 intervenciones, 332 arrestos y a la incautación de objetos por valor de 7.500 efectuada por el Servicio Fiscal.

"La UCiFA es casi una anécdota dentro del Servicio Fiscal de la Guardia Civil y el cese de su jefe es consecuenca del desconocimiento de algunas presuntas irregularidades", afirmó.

Roldán no justificó ni dijo comprender que se haya podido pagar a confidentes con droga, ya que a su juicio es una irregularidad y un delito y los cuerpos de Seguridad del Estado deben ajustarse a la legislación vigente.

Sin embargo, se preguntó si es "lógico" que por esas supuestas irregularidades los guardias civiles implicados reciban un castigo de 40 ó 50 años de cárcel, pena que calificó de "desproporcionada". En su opinión en este caso debería contar como eximente el hecho de que los guardias civiles hayan actuado de ese modo sin ánimo de lucro, sino "con una idea de retirar en un caso concreto unos kilos de cocaína".

Tras mostrarse dispuesto a declarar ante el juez Baltasar Garzón, en caso de que el magistrado lo considere necesario, Roldán se lamentó de la falta de rigor con la que, en su opinión, los medios de comunicación están tratando este asunto.

Agregó que los miembros de la Benemérita están viendo "con cirto estupor" esa falta de rigor y puso como ejemplo el hecho de que los medios de comunicación califiquen a Domínguez y Porras como "arrepentidos", cuando, dijo, son dos guardias civiles sancionados que a su vez denuncian a sus jefes como represalia.

Finalmente, negó que la Guardia Civil disponga de un manual de manipulación de fuentes en el que se recogen técnicas de actuación de la Benemérita ilegales y se negó a comentar unas declaraciones del Sindicato Unificado de la Guardia Civil relativas a quemuchos mandos de las unidades antidroga se están lucrando, diciendo que no responde a organizaciones ilegales.