En esta vista ya se ha concluido el análisis de los informes periciales y sólo queda pendiente la declaración de los imputados que comenzará con la comparecencia ante el tribunal del principal acusado, Rodrigo Rato.

Este juicio se dirige contra 17 acusados, entre los que figuran el que fuera administrador de varias sociedades vinculadas a Rato, Miguel Ángel Montero y el ex secretario general de Telefónica Ramiro Sánchez de Lerín. Por el delito de blanqueo de capitales responderá el excuñado de Rato Santiago Alarcó; por el de corrupción entre particulares responde la que fuera su secretaria Teresa Arellano y José Manuel Fernández Norniella.

La defensa de Rato pidió la nulidad del auto de entrada y registro de 16 de abril de 2015 a la oficina de Rato, donde los investigadores obtuvieron la mayor parte de las pruebas en su contra, por entender que se vulneró la inviolabilidad de la intimidad y el secreto profesional.

Según el Ministerio Público, Rato habría obtenido incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros y tendría rendimientos de capital mobiliario en el exterior que no declaró a Hacienda, por lo que considera que la cifra total defraudada ascendería a 8,5 millones de euros.

La Fiscalía le atribuye también el cobro de comisiones por contratos de publicidad con Zenith y Públicos mientras era presidente de Bankia. Esos contratos se suscribieron para difundir la salida a Bolsa de la entidad. Su defensa sostiene que Rato regularizó su situación fiscal en la amnistía fiscal de 2012.

Pero el Ministerio Público sostiene que Rato siguió escamoteando información al fisco y que “lejos de haber regularizado ni administrativa ni, menos aún, penalmente... utilizó en realidad la declaración tributaria especial (DTE) como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacia años por su patrimonio exterior".