La alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, señaló que “Rivas es una referencia en materia de vivienda pública y protegida y va a seguir siéndolo, con la construcción de las 83 viviendas de alquiler joven y el ‘VII Plan de la Empresa Municipal de Vivienda’. Con esta declaración de zona tensionada buscamos proteger aún más el derecho de la ciudadanía ripense a vivir en nuestra ciudad”.

Según el informe técnico emitido por la Empresa Municipal de Vivienda de Rivas, la ciudad cumple con los requisitos establecidos en la legislación, que busca garantizar el derecho a la vivienda de toda la ciudadanía.

La declaración de zona residencial tensionada es una herramienta de la ley por el Derecho a la Vivienda, que solo pueden efectuar las comunidades autónomas y que permite a los ayuntamientos aplicar medidas específicas para contener el aumento de los precios del alquiler y limitar las rentas de los grandes tenedores.

En este sentido, la alcaldesa recordó que “la vivienda es un problema estructural en nuestro país” y que “es una obligación de todas las administraciones trabajar para garantizar el derecho a la vivienda del conjunto de la población, especialmente en momentos como los que vivimos ahora en los que cada vez destinamos más ingresos a pagar el alquiler o la hipoteca”.

MEDIDAS CONTEMPLADAS

Por su parte, la concejala de Urbanismo, Yasmin Manji, detalló las medidas que contempla el plan específico, entre las que destacan “la obligación de una prórroga extraordinaria anual para el arrendamiento tras la finalización del contrato por un periodo máximo de tres años, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor” o que “los nuevos contratos a nuevos inquilinos se limite el precio del alquiler a la renta del contrato anterior”.

En este último caso, se establece como excepción una posible subida de hasta un 10% sobre el precio del último contrato si se hubieran efectuado obras de rehabilitación o mejora, de accesibilidad o que supongan un ahorro de energía acreditado en los dos años anteriores, o que el contrato se firme por un periodo mínimo de 10 años.

Del mismo modo se establece, según explicó Manji, la condición de gran tenedor a aquellos titulares de cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial y la limitación de los precios de alquiler de sus viviendas y las de aquellas personas propietarias de viviendas que no hubiesen estado arrendadas en los últimos cinco años.

También se propone “la aplicación a los propietarios de los incentivos fiscales previstos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para el alquiler de larga duración en las zonas tensionadas, estimulando así también la salida al mercado del alquiler de las viviendas vacías”.

Por último, se solicita la convocatoria de nuevas ayudas para el incremento del parque público de viviendas en alquiler. La Empresa Municipal de Vivienda de Rivas es la empresa pública de la Comunidad de Madrid con mayor número de viviendas en su parque propio de alquiler en términos relativos.

“Con este plan específico de vivienda solicitamos que las administraciones competentes, tanto la Comunidad de Madrid como al Gobierno de España, acompañen a los ayuntamientos con financiación para el incremento del parque público de viviendas”, concluyó la concejala de Urbanismo.