En el recurso, el Ejecutivo riojano señala que el citado Decreto incurre en un doble exceso competencial. En primer lugar porque la nueva normativa catalana adscribe al Distrito de Cuenca Hidrográfica de Cataluña masas de agua subterráneas compartidas con la Demarcación Hidrográfica del Ebro y cuya mayor superficie territorial corresponde a esta última.

De este modo, el Gobierno de La Rioja entiende que se menoscaban las competencias de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y por tanto las del Estado, en cuanto a la integridad territorial de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, así como el principio de unidad de gestión de la cuenca.

En segundo lugar, la nueva normativa catalana modifica el procedimiento de elaboración y aprobación del plan hidrológico de las cuencas internas de Cataluña, suprimiendo la competencia del Gobierno central en la aprobación final de toda clase de planes hidrológicos.

El Gobierno de La Rioja cree que esta medida puede comprometer las decisiones que corresponden al Gobierno de España y a las Cortes Generales en materia de transferencias de recursos hidráulicos entre ámbitos territoriales de distintos planes de demarcaciones hidrográficas.

Además, en la medida en que la Comunidad de La Rioja se integra en la Demarcación Hidrográfica del Ebro, el Decreto condiciona la gestión de las competencias que estatutariamente tiene atribuidas, tanto de las relacionadas con el agua como de aquellas otras sectoriales con proyección sobre dicho elemento.

Por otra parte, el Gobierno de La Rioja recuerda que ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional sendos recursos de inconstitucionalidad por invasión de las competencias del Estado, que han sido admitidos a trámite, en contra de la disposición adicional décima de la Ley del Plan Hidrológico Nacional referida a la determinación de los caudales ambientales del tramo final del Ebro y en contra de los preceptos del Estatuto de Autonomía de Cataluña relativos a materia de aguas.