Las alegaciones presentadas, de las que informó hoy el Gobierno regional, tienen como objetivo afrontar el "principal problema" que tienen las familias que buscan adquirir una vivienda protegida: las dificultades para obtener financiación bancaria realizando un esfuerzo económico razonable, según el Ejecutivo riojano.

Para ello, y en el escenario hipotecario actual, el Gobierno de La Rioja pide al Ministerio de Vivienda que tome medidas para reducir el precio de la vivienda de protección oficial, que aumente las garantías de las familias de cara a obtener financiación hipotecaria y que incremente las ayudas a las familias y a los promotores que se comprometan con la construcción de VPO.

En caso de ser aceptadas sus alegaciones por el Ministerio de Vivienda, La Rioja considera que mejorarán las condiciones de acceso a los préstamos convenidos al 90% de los inscritos en el registro de demandantes de VPO, cuyos ingresos se encuentran por debajo de 21.000 euros.

Entre las alegaciones, destaca la propuesta de que el IVA reducido que ya se aplica a la vivienda de régimen especial se aplique también a las VPO de régimen general, cambio que supondría, para una VPO, por ejemplo en Logroño, una reducción del precio final de 4.594 euros.

Asimismo, reducir el coeficiente aplicable a viviendas de régimen especial del 1,5 actual al 1,4, lo que supondría una reducción del precio de la vivienda de 12.290,97 euros, e incrementando en esa cantidad la ayuda al promotor para que siga siendo atractiva su construcción.

La Rioja pide igualmente que en los préstamos convenidos el tipo de interés sea siempre inferior al tipo medio de los préstamos para adquisición de vivienda libre, con el objetivo de que el préstamo protegido suponga una mejora frente al préstamo libre.

Reclama incrementar las ayudas a la compra de VPO en el nuevo plan al menos en el porcentaje del incremento medio de la cuota en los últimos cuatro años, con el objetivo de que el nuevo plan no sea comparativamente más costoso para las familias que el anterior.

Establecer una cláusula de actualización de las ayudas para que estas sean proporcionales a la subida que experimente el esfuerzo para acceder a la vivienda, es otra de las alegaciones, como también que se equiparen las características de las ayudas al alquiler con las de la Renta Básica de Emancipación.