Representantes de las tres comunidades se encontraron hoy en Logroño para fijar unos criterios que trasladarán al Gobierno español con el objetivo de que sean defendidos en el marco comunitario.

Las propuestas de estas tres regiones productoras de vino, precisamente en este ámbito, concluyen en que la "transparencia" debe presidir la ordenación de este mercado, tanto en cantidad como en destino final de la producción.

Respecto de la cantidad, enjuician, "deben controlarse las producciones además de la superficie plantada, puesto que son las producciones las que generan los excedentes".

La limitación de plantaciones debe ir acompañada de un "adecuado control" de las producciones y agregan que se debería exigir la introducción de limitaciones al rendimiento por hectárea, así como el cumplimiento de unos requisitos mínimos de calidad superiores a los actuales.

Sobre la vendimia en verde, proponen que debe configurarse en la futura OCM como un instrumento, junto con el resto de prácticas culturales, para buscar equilibrios en el potencial productivo, orientándose a la mejora de la calidad.

Respecto del destino final de la producción, debería, en opinión de estas tres comunidades, profesionalizarse el sector y hacer que los viñedos que tengan orientación predominante a mosto, o alcohol de uso de boca "no puedan incorporarse a circuito de vinificación".

En la adecuación de la oferta a la demanda, además del planteamiento global europeo, debería introducirse el principio de la subsidiariedad, para que cada región vitícola busque los equilibrios necesarios y garantice el adecuado funcionamiento del potencial vitivinícola de su región.

Ello implica, destaca el acuerdo de hoy, que sea necesario otorgar a las regiones la capacidad de regulación y gestión de su potencial vitícola así como los recursos económicos necesarios.

En cuanto al abandono definitivo, la incentivación no debería ser indiscriminada, sino orientada solamente a determinados supuestos, en cuya definición y aplicación debería aplicarse el principio de subsidiariedad, otorgando un papel preponderante a las regiones.

Los viñedos de doble uso (para mesa y vinificación), cuyo único fin es la destilación, deben ser incentivados al abandono definitivo. Lo mismo debería ocurrir, defienden, con aquellos viñedos cuyo producto no tiene una clara viabilidad comercial.

Igualmente, deberían ser incentivados para su abandono definitivo los viñedos que proporcionen uvas y vinos de mala calidad así como los que generen problemas medioambientales, destacan entre sus propuestas.