Ribera hizo esa consideración en el Pleno del Senado al contestar a Francisco Díaz, del PSOE, quien preguntó por los efectos que el Gobierno prevé que tendrán los proyectos de leyes básicas de bomberos forestales, por un lado, y de agentes forestales y medioambientales, por otro, en regiones como Castilla y León, que en 2022 sufrió “la peor oleada de incendios de su historia”, con daños “irreparables” en las provincias de Ávila, Salamanca y Zamora.

Ribera indicó que 2022 fue el año más cálido y el sexto más seco en España desde que hay registros, tuvo 100 noches tropicales (es decir, cuando la temperatura mínima no baja de 20 grados) y 41 días con ola de calor. “Nunca había ocurrido esto y, desgraciadamente, cada vez será más frecuente, así que es importante trabajar en prevención y extinción de incendios, que, efectivamente, es competencia de las comunidades autónomas”, añadió.

Además, apuntó que el año pasado se quemaron unas 270.000 hectáreas en España, casi 98.00 de ellas en Castilla y León, y se declararon 57 grandes incendios forestales y 10.500 siniestros forestales.

“Castilla y León dedica aproximadamente 64 millones de euros para cinco millones de hectáreas. Comparemos con los 3,5 millones de hectáreas de Castilla-La Mancha, que dedica, sin embargo, 95 millones de euros, cosa que explica por qué Castilla y León es la segunda comunidad autónoma con más incendios forestales en todo el año 2022, solamente por detrás de Galicia. Y es también la segunda comunidad autónoma en la que hemos debido intervenir con mayor presencia por parte del Estado”, comentó.

Ribera recalcó que el Estado dedicó el año pasado a Castilla y León un 46% de su presupuesto de refuerzo frente a incendios forestales, así como el 50% de las horas de vuelo de sus aviones y más de 9.500 descargas.

MEDIDAS URGENTES

El Gobierno aprobó el pasado agosto un real decreto-ley de medidas urgentes que mejora la capacidad de respuesta frente a los incendios forestales durante todo el año al mejorar aspectos como la prevención, la extinción y la restauración de los terrenos forestales afectados, y da a las comunidades autónomas un plazo de cinco meses para adaptar sus servicios de lucha contra el fuego a lo establecido por la nueva norma.

“Castilla y León, en efecto, hace mucho que no actualiza sus planes. Por eso, junto con el resto del territorio nacional cuenta con la invitación en firme, seria y comprometida, hecha por ese decreto-ley de agosto, en la que pedimos que el plan frente a los incendios tenga aplicación anual y sea transparente, se diga cuáles son las zonas de riesgo, los periodos de riesgo y las dotaciones aprobadas en cada comunidad autónoma”, indicó Ribera.

La titular de Transición Ecológica añadió que “el papel del Estado reforzando la lucha contra incendios no puede sustituir ni desplazar lo que hacen las comunidades autónomas”. “No se puede pedir solidaridad a otras comunidades autónomas cuando uno no invierta adecuadamente y pone en riesgo serio la vida de las personas, la vida de los vecinos, la vida de los brigadistas”, dijo.

Por ello, concluyó: “Estamos a la espera de que nos actualicen su plan anual contra incendios y esperamos que el proyecto de ley básica de agentes forestales y agentes medioambientales, así como el proyecto de ley básica de bomberos forestales, nos permita poner en común y reforzar la dignidad de trabajadores fundamentales para la seguridad de las personas que nos cuidan y que merecen ser cuidados por parte de todos”.