El Consell de la Generalitat Valenciana ha solicitado a la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, que emita un informe desfavorable sobre el proyecto de real decreto que afecta al plan hidrológico en el que se incluye la regulación del trasvase Tajo-Segura.

El Gobierno valenciano acusa a Transición Ecológica de “falta de criterio y rigor técnico” en ese nuevo plan hidrológico y apuna que este documento “cuestiona el trasvase y no tiene en cuenta los impactos económicos que ocasiona”.

“No nos gusta mucho que haya un uso de esta situación tergiversando la realidad en favor de determinadas pancartas, de determinados partidos políticos”, indicó Ribera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Ribera recalcó que lo importante es no “volver al pasado” reabriendo “una guerra del agua donde pase lo que pase, se haga lo que se haga, se invierta lo que se invierta, siempre hay una diana a la que disparar”.

Subrayó que se trata de “un tema muy sensible” sobre el que el Consejo de Estado ha recibido comentarios también de los gobiernos de Castilla-La Mancha y de Murcia, así como de organizaciones ecologistas y académicas, y que no todos ellos son de índole jurídica, sino también “emocional”. “La responsabilidad del Gobierno de la nación es atender a la preocupación de todos preservando el interés general”, sentenció.

Ribera aseguró que su departamento ha enviado al Consejo de Estado un documento que contó con el “respaldo mayoritario” del Consejo Nacional del Agua con fijación de caudales ecológicos para el Tajo para cumplir cinco sentencias condenatorias del Tribunal Supremo desde 2019.

CAMBIO CLIMÁTICO

Comentó que la nueva planificación hidrológica entre 2022 y 2027 “responde por primera vez a la realidad del cambio climático”. “No nos basta hablar de volúmenes promedio disponibles de agua, tenemos que estar preparados para los dos excesos: ciclos mucho más largos de extrema sequía y periodos de inundaciones enormemente duros. Lo peor es no ver esa realidad porque los datos avalan que esa es la realidad”, dijo.

Además, recalcó que el Gobierno de Pedro Sánchez ha trasvasado mucha más agua del Tajo al Segura que en los cuatro años anteriores con el fin de garantizar el agua doméstica y de facilitar aportaciones adicionales para usos económicos, entre ellos la agricultura.

Según Ribera, los nuevos planes hidrológicos incorporan 8.000 millones de euros de inversión en infraestructuras hidráulicas, de los cuales 1.100 millones serán para Murcia, 540 millones para Alicante y 44 millones para Almería, las tres provincias que más preocupan a los regantes. Ello permitirá llevar más de 150 hectómetros cúbicos de agua desalada a esas zonas.

Además, apuntó que el Gobierno pretende impulsar la inversión en energías renovables y que el coste del agua sea “asumible por los agricultores” para conectar las distintas desaladoras.

“Lo peor sería pensar que dependemos exclusivamente de que haya agua en cabecera de Tajo porque nos encontraríamos, como se encontró la ministra Tejerina, teniendo que reducir el trasvase a cero durante meses. Esto sí que sería enormemente dramático para esas cuencas”, concluyó.