La demoraen el pago de obras por parte de la Administración Central, Autonómica y Local, es de "una media de más de ocho meses" y, en algunos casos, "varios años", según se afirma en el documento que ha sido enviado a Felipe González y Narcís Serra; a los ministros de Economía, Obras Públicas, Trabajo y Administraciones Públicas; además de al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp).

José Luis Alonso, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) cifró el monto e la deuda con empresas constructoras de las administraciones en 800.000 millones de pesetas, de los cuales 270.000 millones corresponden al Estado, 350.000 millones a las autonomías y 175.000 millones a las corporaciones locales. Esta deuda es causa, además, de unos intereses de demora de 120.000 millones de pesetas anuales, es decir, 10.000 millones al mes.

Mariano Aísa, presidente de la patronal de grandes constructoras Seopán, señaló como ejemplo del camino a seguir la firma de un calendario de paos similar al acordado con el Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, José Borrell, y recordó que los mayores retrasos en el pago provienen de las autonomías y ayuntamientos.

LOS PLAZOS DE LIQUIDACION, LOS MAS LARGOS DE LA CE

El reconocimiento, por parte de las Administraciones Públicas, de la deuda contraída, la formalización de un calendario de pagos, la promulgación de una nueva Ley de Contratos del Estado donde se penalicen los incumplimiento del sector público y la creación de una Comisión Consltiva para el seguimiento del pago son algunas de las medidas que se proponen ante el quebranto que, para las empresas, supone el problema de la deuda, que en muchas ocasiones provoca suspensiones de pagos, despidos y quiebras.

José Luis Alonso hizo hincapié en la parte del documento que recomienda la adopción de algunas de las medidas propuestas en la próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado, evitando, por ejemplo, tener que esperar la modificación de la Ley de Contratos del Estado.

Sindcatos y patronal repartieron entre los periodistas un documento donde, citando como fuente a la Comisión de la CE, se señala cómo los plazos para saldos de liquidación en España son los más largos la Comunidad Europea, (270 días para la liquidación provisional y 180 para la definitiva).

Los retrasos en las transferencias entre las Administraciones Públicas (sobre todo las de el Estado a las autonomías) y la complejidad burocrática para la autorización de pagos impiden, en muchos casos, que corporacions locales y autonomías salden sus deudas en los plazos previstos, según recordó Manuel Garnacho.

Garnacho señaló, además, que en las negociaciones para la firma de convenios colectivos los sindicatos tendrán "la misma responsabilidad que otros años", con un "ejercicio de solidaridad", que consistirá en que los trabajadores de la construcción que ahora hacen jornadas de hasta diez horas al día las hagan de ocho, para dar cabida a otros compañeros en la plantilla.

Por otro lado, el documento presenado hoy ha sido apoyado por la Junta Directiva de la Agrupación Nacional de Empresas Alquiladoras de Grúas Autopropulsadas (Anagrual), que señala, en un comunicado difundido esta mañana, que la deuda de la Administración con empresas de grúas asciende a 50.000 millones de pesetas.