La acusación popular solicitó 20 años de inhabilitación especial por el elito de prevaricación, mientras que el fiscal y la defensa consideran los cargos como "cosa juzgada" y delito prescrito.

Ballesteros fue juzgado en 1985 por denegación de auxilio a la justicia por negarse reiteradamente a facilitar los nombres de tres confidentes que, presuntamente, protagonizaron el atentado, el 23 de noviembre de 1980, contra el bar "L'Hendayais" de la localidad francesa de Hendaya, en el que dos personas resultaron muertas y otras diez heridas.

Las tres personas fueron detenias en Irún (Guipúzcoa) después del atentado y tras saltarse el control de la aduana en un coche robado. Al ser arrestados, solicitaron que la Policía se pusiera en contacto con la Dirección General de Seguridad, desde donde se ordenó la puesta en libertad de los tres individuos. Por este caso, el entonces comisario fue condenado a tres años de suspensión.

En la vista de apelación ante el Tribunal Supremo, Ballesteros fue absuelto al considerar que había incurrido en el error de considerar más importane mantener en secreto los nombres de sus confidentes que informar a la justicia.

El Alto Tribunal dejó abierta la posibilidad de que fuera nuevamente interrogado para facilitar los nombres, por lo que fue requerido en el juzgado donostiarra en 1990, a lo que el comisario se volvió a negar afirmando que no los recordaba. El magistrado ordenó archivar el caso.

Por ello, el abogado de la acusación popular, Miguel Castells, consideró que se había vuelto a incurrir en un nuevo delito de denegación de uxilio a la justicia y además estimó que existió prevaricación al ordenar Ballesteros la inmediata puesta en libertad de sus tres colaboradores.

El comisario no fue juzgado hoy al considerar que en el juicio de 1990 existió un error procesal, ya que entonces Ballesteros fue interrogado como testigo y no como inculpado, por lo que le fueron negados derechos constitucionales como el derecho a no decir la verdad o la asistencia letrada.

Durante la vista de hoy, Ballesteros se negó a responder a las reguntas efectuadas desde la acusación popular afirmando que en virtud de sus derechos constitucionales "no voy a contestar a un representante de HB".

Está previsto que en el juicio declaren unos 17 testigos, entre los que se encuentran el comisario general de Información, Jesús Martínez Torres, y los ex responsables de Seguridad del Estado durante el gobierno de la UCD Francisco Laína y José Luis Fernández Dopico, algunos de los cuales ya declararon en la primera vista celebrada hoy.