En un encuentro con periodistas, en el que compareció junto a los principales directivos de la Feadrs, Sánchez Olavaria denunció que en 2006 el coste alimentario de sus empresas se incrementó un 16%, frente a una subida del 4,2% del IPC.

El problema para estas empresas, que se encargan de la restauración en colegios, hospitales, residencias de la tercera edad, cuarteles de las Fuerzas Armadas, cárceles o empresas, entre otras, es que trabajan con contratos a largo plazo, como mínimo de un año.

Por ello, piden a la Administración pública (responsable de más de la mitad de su volumen de negocio) que, en el momento de abordar la renovación de los contratos para 2008, permita incluir en los mismos cláusulas de revisión, similares a las que se aplican por ejemplo en las pensiones, que les permitan modificar la cuantía de lo percibido por los servicios que ofrecen en función de la evolución del precio de los alimentos.

Por el contrario, la Feadrs denuncia que la tendencia es intentar alargar la duración de dichos contratos respetando únicamente el incremento medio del IPC. "Si esto sigue así muchos lo tendrán que dejar", asegura Sánchez Olavaria.

"Tenemos muchas dificultades para poder repercutir los precios de las materias primas", prosiguió. Además, indicó que dichos costes suponen entre el 35 y el 40% de los ingresos de estas empresas, que juegan con una media de rentabilidad del 3,5%.

"No podemos variar ni trasladar incrementos de precios ya que debemos mantener las condiciones acordadas por escrito y el impacto de los costes alimentarios esta siendo brutal", continuó.

Las empresas de la Feadrs dan de comer a tres millones de personas cada día en España y ocupan a unos 95.000 trabajadores.