Federico Trillo insistió en que el presidente, que no asistió al debate parlamentario de la Ley de Seguridad Ciudadana, es el máximo responsable de todo lo que digan sus ministros, en referencia a las críticas que el titular de Interior, José Luis Corcuera, lazó contra los jueces.

"Me parece gravísimo que González o el Gobierno permanezcan callados respecto de las palabras de Corcuera, porque eso significaría que el Ejecutivo ha perdido el respeto a los jueces. Si hay tensiones entre el Gobierno y el Poder Judicial no se resolverán con agresiones", señaló.

Para el diputado, que no comparte las críticas contra los jueces, "en un Estado de derecho no se puede llevar al Parlamento una ley que conculca leyes fundamentales porque a un ministro no le guste a actuación de trescientos jueces".

El representante del PP recalcó que desde el Parlamento cabe solicitar la dimisión de Corcuera, aunque Felipe González "es quien en 1983 despenalizó el consumo de estupefacientes y el que ayer no acudió al Congreso, quizá porque no se considera afectado por el problema o no apoya el proyecto".

Los populares quieren que el consumo público de drogas sea penalizado y multado en toda España, como ha hecho el alcalde de Madrid, José María Alvarez del Manzano, con subando municipal, y que sea reducida la pena a todos aquellos toxicómanos que inicien tratamientos de desintoxicación.

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Entre las 34 enmiendas parciales que presentaron hoy los populares al proyecto de ley, destaca la que pide la supresión del artículo 21 (potestad de entrar en un domicilio sin mandamiento judicial cuando en él haya tráfico de drogas), ya que, en su opinión, los delitos flagrantes están contemplados en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Asimimo, proponen modificar el 20, sobre la obligación de todas las personas a identificarse cuando sean requeridas para ello por los agentes de los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado. Trillo señaló que tampoco aceptan la figura de la "retención" y si un ciudadano es trasladado a una comisaría tendrá la consideración de detenido, con la posibilidad de llamar a su abogado. De otro modo, se violaría la presunción de inocencia y el "habeas corpus".

En caso de que durante el trámite parlamentario la ey "no pierda los vicios de insconstitucionalidad que tiene", el PP estudiaría llevarla al Tribunal Constitucional, ya que es el único grupo que cuenta con más de 50 diputados, requisito imprescindible para este trámite.

MAS ENMIENDAS

Por su parte, Izquierda Unida (IU) presentó hoy otras 37 enmiendas parciales al texto. La coalición propone que sea suprimido el artículo 20, porque "no hace falta ley alguna para que un funcionario pueda 'invitar' a una persona a hacer algo".

También pide la suprsión del 21, por ser "innecesario, ineficaz, regresivo y atentatorio a los derechos fundamentales".

El Centro Democrático y Social (CDS) ha presentado 28 enmiendas, entre las cuales también figura la supresión de los artículos 20 y 21, los más polémicos del texto.

En el primer caso, los centristas creen que no puede institucionalizarse la figura de la retención y en el segundo que existen medios para perfeccionar y agilizar la autorización judicial de entrada en los domicilios privados.

Por ltimo, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) presentó 21 enmiendas parciales al proyecto, que incluyen la supresión de los dos citados artículos.

El PNV y Convèrgencia i Unió fueron los únicos grupos parlamentarios que ayer no presentaron enmiendas a la totalidad para que el proyecto fuese devuelto al Gobierno.