Del informe del relator se concluye que las violaciones de los derechos humanos en Iraq son persistentes, sistemáticas y graves. "La transgresión del pacto de derechos civiles y políticos es la regla".

Asimismo señala que las ejecuciones extrajudciales son muy frecuentes, como también lo son las ejecuciones judiciales en las que, sin embargo, no se habría respetado el compromiso de reservar la pena de muerte para los delitos más graves. "No es solamente un medio brutal de reprimir la delincuencia común, sino también una forma de aniquilación de la oposición política", dice la referencia del informe remitida por el Gobierno a la Cámara Baja.

En este sentido, cita que en el primer semestre del año 2000 "se tiene conocimiento de al menos 122 ejeuciones por diversos motivos: robo, tráfico de drogas, pertenencia a grupos subversivos etc." Asimismo destaca que "es habitual que opositores políticos sean acusados de delitos comunes".